A casi dos años y medio de su detención durante una calenda de protesta contra la gentrificación en la capital oaxaqueña, Fila Aldaz Desiderio, persona no binarie indígena ayuuk y defensore de derechos humanos, continúa sin justicia por la detención arbitraria, tortura y violencia institucional que denunció haber sufrido a manos de policías estatales.
A dos años y medio de su detención por protestar contra la gentrificación, Fila Aldaz exige justicia por tortura en Oaxaca
Fila Aldaz Desiderio, persona no binarie indígena ayuuk y defensore de derechos humanos, denuncia detención arbitraria, tortura, violencia institucional y omisión de las autoridades obligadas a investigar y reparar el daño.
A casi dos años y medio de su detención durante una calenda de protesta contra la gentrificación en la capital oaxaqueña, Fila Aldaz Desiderio, persona no binarie indígena ayuuk y defensore de derechos humanos, continúa sin justicia por la detención arbitraria, tortura y violencia institucional que denunció haber sufrido a manos de policías estatales.
En conferencia de prensa, acompañade por activistas y defensoras de derechos humanos de Consorcio Oaxaca, Fila denunció una cadena de violencias estructurales sostenidas por racismo institucional, transfobia, punitivismo, criminalización de la protesta y negligencia de las instituciones obligadas a prevenir, investigar, sancionar y reparar la tortura.
Fila fue detenide el 27 de enero de 2024, cuando participaba en una protesta para denunciar el incremento de rentas y visibilizar el impacto de la gentrificación en la ciudad de Oaxaca. De acuerdo con su testimonio, policías estatales le golpearon, le tiraron al suelo, le pisotearon, le esposaron, le arrastraron y le subieron por la fuerza a una patrulla.
Durante el traslado y posteriormente en instalaciones oficiales, relató, fue sometide a amenazas, actos de discriminación por su origen indígena y su orientación sexual, humillaciones, tratos crueles y negativa de acceso a agua y a su tratamiento médico.
Las activistas señalaron que el caso de Fila muestra la dimensión estructural de un sistema que permite que cuerpos indígenas, disidentes sexogenéricos, empobrecidos y defensores sean tratados como vidas disponibles.
También denunciaron que la violencia ha continuado mediante actos de intimidación, vigilancia, amenazas y agresiones dirigidas al espacio comunitario del que Fila forma parte.
Un espacio comunitario bajo hostigamiento
Fila es fundadore de la Comedora Comunitaria Nkä’äymyujkëmë, Comamos Todxs, un espacio que opera bajo la lógica de la comunalidad, el apoyo mutuo y el sostenimiento colectivo de la vida frente a la gentrificación del territorio urbano oaxaqueño.
Desde ese espacio, Fila y su comunidad comparten alimento, agua, dulces, juguetes y acompañamiento con niñeces, mujeres en situación de violencia, familias indígenas, personas migrantes y poblaciones precarizadas.
“Atacar a Fila también implica atacar redes comunitarias que sostienen la vida frente al abandono institucional”, señalaron las activistas al exigir justicia y garantías de no repetición.
Exigen reparación integral y Protocolo de Estambul
La exigencia de Fila y de las organizaciones acompañantes se dirige a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, para que cumpla sus obligaciones con debida diligencia, perspectiva intercultural, antirracista, trans incluyente y de diversidad sexogenérica.
También exigieron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Oaxaca garantizar una ruta clara, accesible, culturalmente pertinente y no revictimizante que incluya atención médica y psicosocial especializada, acompañamiento jurídico, medidas de seguridad, reconocimiento del daño individual y comunitario, reparación económica, medidas de satisfacción y garantías de no repetición.
Las defensoras cuestionaron la actuación de la CEAVO, encabezada por Héctor Eduardo Vila, y señalaron que el caso de Fila evidencia deficiencias institucionales que reducen la reparación a gestiones parciales y respuestas burocráticas.
Asimismo, llamaron a la Fiscalía de Oaxaca y a las autoridades competentes a garantizar la aplicación del Protocolo de Estambul, la investigación imparcial e independiente de los hechos, la identificación de responsabilidades directas y de cadena de mando, así como la sanción penal y administrativa de quienes participaron, permitieron u omitieron actuar frente a la detención arbitraria, la tortura, los tratos crueles, la discriminación y el hostigamiento posterior.
Oaxaca, foco rojo nacional por tortura
Datos del Registro Nacional del Delito de Tortura señalan que, de 2018 a 2024, Oaxaca concentró 15.4 por ciento de las víctimas federales, equivalente a 1,224 víctimas. Además, registró 965 personas servidoras públicas bajo investigación o señalamiento formal en ese ámbito, 10.5 por ciento del total nacional.
El Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal 2025 reportó 8,035 hechos presuntamente violatorios registrados en la entidad durante 2024, entre ellos la tortura. A nivel internacional, la edición 2026 del Índice Global de la Tortura, difundida por la Organización Mundial Contra la Tortura, mantiene a México dentro de los países evaluados en América y lo ubica en un nivel de riesgo alto de tortura y malos tratos.
De dónde salen las cifras y cómo auditarlas
Los datos citados en esta cobertura provienen del Registro Nacional del Delito de Tortura y del Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal. Estas fuentes permiten contrastar el discurso oficial con registros administrativos sobre víctimas, hechos violatorios y personas servidoras públicas señaladas en investigaciones.
- Registro Nacional del Delito de Tortura: permite ubicar víctimas, años, entidades y personas señaladas por hechos relacionados con tortura.
- Censo Nacional de Derechos Humanos Estatal: documenta quejas y hechos presuntamente violatorios registrados por organismos públicos de derechos humanos.
- Transparencia: cualquier ciudadano puede solicitar a Fiscalía, DDHPO o CEAVO datos de expedientes, medidas de reparación, aplicación del Protocolo de Estambul y avance de investigaciones.
Fiscalizar la violencia institucional implica no quedarse con comunicados generales. La pregunta clave es si las instituciones investigan, sancionan, reparan y garantizan no repetición, o si administran el dolor mediante trámites lentos y revictimizantes.
La pregunta de fondo
¿Cómo se conecta la defensa del territorio y la resistencia a la gentrificación en los barrios de la capital con la saña de la violencia institucional hacia cuerpos indígenas y disidencias sexuales? La siguiente línea es buscar las actas de detención de esa calenda para determinar si existió una orden de mandos superiores para limpiar o contener la zona turística.
