Sonia Vásquez
OAXACA, (página3.mx).- Aspirantes a dirigir el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Oaxaca (IAIPPDPO) denunciaron que por parte del Congreso local se cometieron una serie de irregularidades para el nombramiento de comisionados de este órgano de transparencia.
Cira Morales Ramos, Anabel Díaz Cruz y Eduardo Castillo Cruz acusaron que se violaron los artículos 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como el 1ro, 2do y 6to de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no tomar en cuenta los criterios de interpretación de convencionalidad y dejarse de aplicar el principio propersona.
Aseguraron que de principio hubo deficiencias en la convocatoria que fue a probada por el pleno el 17 de agosto cuando el proceso de la inscripción finalizaba los días 20 y 21 de agosto dando poco margen para dar a conocer su contenido, no se estableció en la convocatoria un sistema de puntuación y evaluación, ni los criterios para cumplir con transparencia y rendición de cuentas el propio proceso, no se estableció el medio de impugnación o recursos de defensa.
Asimismo señalaron que hubo deficiencias en la entrevista como es que la comisión evaluadora integrada por cinco diputados y diputadas propietarias, y cinco diputadas y diputados suplentes en las entrevistas sólo se presentaron dos diputadas y un diputado; no hubo guía de preguntas.
Otro caso de irregularidad, aseguraron, son las deficiencias en la integración de la terna en donde no se establecieron criterios objetivos para establecer las ternas, no se abrió una sesión pública para discutir los resultados de las evaluaciones, el nombramiento omitió la cuota de género y pueblos indígenas.
“No es razonable que se convoque y se simule procesos que no lo son. Eso es hipocrecía institucional”, señalaron los inconformes quienes aseguraron que partidos políticos negociaron los espacios con anterioridad y que también hubo intromisión del Ejecutivo.
Cira Morales Ramos expresó que el Gobernador del Estado hizo una propuesta que fue avalada por el pleno, que es el caso de Francisco Álvarez Figueroa que fue subsecretario de la Contraloría, cuando se supone que no debía entrar en el IAIP una persona que haya ocupado en los últimos tres años una función pública.
Eduardo Castillo Cruz consideró una burla del congreso que ya tenía negociados los espacios y simuló un proceso que terminó siendo opaco.
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