Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- En lo que va del sexenio del gobernador, Gabino Cué Monteagudo, la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, ha investigado 3 mil 700 casos de presunta corrupción de funcionarios de la administración estatal del 2010 al 2015.
Tan solo en este año, se han iniciado 1 mil 46 investigaciones de igual número de casos, reportó el Contralor del Estado, Manuel de Jesús López López, durante su comparecencia ante Comisiones de la LXII Legislatura, como parte del Glosa del Quinto Informe de Gobierno de Cué Monteagudo.
El ex procurador general de justicia del estado, aseguró que en cinco años se han sancionado a 4 mil 903 servidores públicos por diversas faltas; se han inhabilitado 137, 33 de ellos, mandos superiores de la anterior administración, de los cuales 4 tienen inhabilitaciones de 20 años y, en lo que va de este año se ha sancionado a 296 funcionarios por diversas faltas.
De acuerdo al magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado con licencia, se han iniciado 349 procedimientos contra servidores públicos que no han cumplido con sus obligaciones.
Además, como resultado de las auditorías internas se han realizado observaciones a 266 millones de pesos de recursos estatales y federales y solo se han solventado 53 millones, mientras que 143 millones de pesos están pendientes por solventar.
Refirió que mediante 95 auditorías, la Contraloría ha supervisado la aplicación de más de 4 mil millones de pesos a los principales programas y fondos federales, como el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN); el Fondo Regional (FONREGION), Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) y Programa HABITAT, entre otros.
Actualmente, dijo, se realizan 84 investigaciones por observaciones no solventadas durante la realización de auditorías, ya sean observaciones por irregularidades detectadas en obras o en auditorías internas o realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El funcionario detalló que en los casos que se investigan y en los que se ha determinado una probable causa, 228 están en trámite y 131 han sido ya resueltos.
López López, admitió que la corrupción en Oaxaca es un problema ya que se ubica cercana a la media nacional en este tema, según estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco).
“Es nuestro deber imponer sanciones ante las acciones u omisiones contrarias a las normas que rigen el desempeño de los servidores públicos”, apuntó
Demandan combatir corrupción
En las réplicas, diputadas y diputados de la Comisión Permanente Instructora de la LXII Legislatura exhortaron a López López, a combatir, con firmeza, la corrupción y con ello recobrar la deteriorada confianza ciudadana.
En su intervención, el diputado del PAN, Javier César Barroso Sánchez asentó que todo régimen democrático siente sus bases en la rendición de cuentas que es factor indispensable de la democracia.
El diputado del PRI, Carlos Ramos Aragón, exigió a López López, actuar con la responsabilidad y actuar en contra de los servidores y ex servidores gubernamentales que tienen en su contra la denuncia ciudadana, entre ellos el Secretario de Salud, German Tenorio Vasconcelos y de las Infraestructura y Desarrollo Sustentable, Netzahualcóyotl Salvatierra López.
La diputada del PRD, Vilma Martínez Cortes, demandó al Contralor, actuar con firmeza para sancionar a quienes han quebrantado la confianza de la sociedad y el ejecutivo.
Además le pidió redoblar esfuerzos para combatir la corrupción y con ello restaurar la confianza que la ciudadanía ha perdido en sus autoridades.
Santiago García Sandoval del PUP, acusó que en Oaxaca no existe sanción para los que más tienen, “la justicia no es pareja, friegan a los más jodidos, pero esto no puede continuar así, los funcionarios terminan con sus excesos o el pueblos se cansa y se levanta”, sentenció.
García Sandoval agregó que la Contraloría debe de tener la autonomía para ejercer acciones que garanticen la trasparencia y rendición de cuentas, para no repetir los errores del pasado como sucedió con exfuncionarios que no fueron sancionados por cometer ilícitos.
