Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Una vez que se confirmó que Jorge Franco Vargas, ex colaborador de Ulises Ruiz Ortiz, ahora promueve el voto por Andrés Manuel López Obrador, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) volvió a alzar la voz para exigir castigo a los autores intelectuales y materiales de las persecuciones y muertes del 2006.
Y advierten al ex gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz y a sus ex colaboradores Jorge Franco Vargas, Lizbeth Caña Cadeza y José Manuel Vera Salinas (actual Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Oaxaca en el gobierno de Alejandro Murat) que “¡la cuenta está pendiente!”.
Lo paradójico del caso es que Franco Vargas ha sido denunciado de ser el responsable del fallido desalojo magisterial del 14 de junio de 2006 en contra de los maestros de la Sección 22, quienes el pasado mes de marzo acordaron “orientar el voto consciente y razonado a favor del proyecto alternativo de nación” que encabeza el candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.
Cabe recordar que el conflicto socio-político 2006-2007 dejó 27 muertes, nueve de ellas producto de ejecuciones extrajudiciales con la aparición de las caravanas de la muerte; 28 casos de desapariciones forzadas; más de 373 víctimas de tortura y detenciones arbitrarias; y la agresión a 33 periodistas de los cuales dos fueron asesinados.
Luego que se dio a conocer un video de un minuto con 37 segundos que confirma que Jorge Franco, a quien se le atribuyen crear las caravanas de la muerte en el 2006, ahora coordina acciones para votar a favor del candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el magisterio salió a emitir su postura.
Mencionan que “a 21 días del histórico y no olvidado 14 de junio, la historia del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación nos obliga a levantar la voz para exigir castigo a los responsables de esa represión.
“La actual coyuntura electoral provoca que los repudiados por el pueblo de Oaxaca salgan a olfatear el hueso para que los mantenga libres y cómodos en un acto de total impunidad del sistema represor del Estado”, mencionaron en un comunicado.
“¡Alerta!, ha aparecido el ‘Chuky’, aquél que en la noche del 13 de junio del 2006 siendo secretario general de gobierno del también asesino de oaxaqueños y extranjeros Ulises Ruiz Ortiz orquestaron la represión contra el pueblo”.
Hacen hincapié que “Jorge Franco reaparece diciendo a los medios de comunicación que ‘no hay diferencias’ con la sección XXII de la CNTE, cuando las evidencias demuestran su total acción represiva hacia el magisterio formando junto con Lizbeth Caña Cadeza y José Manuel Vera Salinas las caravanas de la muerte con el único propósito de detener la fuerza de organización de las protestas hechas barricada”.
“A Jorge Franco Vargas y al tirano Ulises Ruiz Ortiz les decimos que el ¡14 de junio no se olvida!, tienen cuentas pendientes con el magisterio por el desalojo fallido implementado en la madrugada de ese día, cuando arremetieron con violencia contra los maestros, organizaciones sociales e integrantes del comité ejecutivo seccional, que aún no se ha pagado con cárcel”, sentenciaron.
Y advirtieron “que sin duda alguna, el hambre, la impunidad y la ambición de poder ocasiona que en esta coyuntura electoral veamos los colmillos afilados de espurios personajes que pretenden enquistarse en el erario público mediante su accionar político en los partidos que firmaron el pacto por México”.
Como ejemplo citaron: “Ulises Ruiz Ortiz con Héctor Pablo Puga Leyva en el PAN-PRD y Jorge Franco Vargas en el Partido Encuentro Social (PES) quien en su actitud oportunista se declara a favor del Movimiento de Regeneración Nacional”.
Insistieron que “la historia de Oaxaca y de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca (APPO) nos marca la pauta para declarar y señalar a los traidores y asesinos del 2006, por eso como Sección XXII de la CNTE seguiremos manifestando desde cada trinchera y las calles, la exigencia de castigo a los autores del crimen de Estado cometido contra el pueblo oaxaqueño.
