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Acusan a Salomón Jara de imponer operadores políticos para privatizar tierras en favor de megaproyectos

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Pedro MATÍAS

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) denunció la política antiagrarista, neoliberal y extractivista del gobierno morenista de Salomón Jara Cruz.

Dijo que junto con el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Procuraduría Agraria (PA) crean condiciones favorables a las empresas extranjeras, nacionales y paraestatales (SEMAR, SEDENA, PEMEX, CFE o LitioMx) para la privatización de los territorios indígenas.

En un comunicado recalcó que “ahora como nunca amenazan la propiedad social y los territorios indígenas, promoviendo el saqueo de los bienes naturales a través de la privatización de las tierras”.

De entrada, las autoridades comunales y ejidales han denunciado que el gobierno de Jara impone operadores políticos dentro del RAN.

Van desde el actual delegado hasta visitadores agrarios que se la pasan interviniendo, interfiriendo y, en ocasiones, usurpando funciones de los comisariados, abusando de ese poder que ni siquiera tienen.

Desde REMA hicieron un llamado a los comisariados y a los pueblos campesinos y originarios a no dejarse engañar por estas políticas entreguistas del gobierno de Oaxaca.

A no caer en las trampas jurídicas violatorias e inconstitucionales del RAN y la PA.

Y a seguir defendiendo la tierra y el territorio, ejerciendo su derecho a la autodeterminación, como lo han hecho desde tiempos inmemoriales ya que es la mejor herencia que les dejaron y que dejarán a sus descendientes.

“Denunciamos enérgicamente la política antiagrarista, neoliberal y extractivista del gobierno de Oaxaca.

“Eso no nos sorprende, ya que Salomón Jara nunca ha sido amigo o aliado de las causas y las luchas de los pueblos.

“Lo saben los y las compañeras de los Valles Centrales cuando con su investidura de Senador, en el año 2016, llegó a la comunidad de Magdalena Ocotlán con todo cinismo que lo caracteriza.

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“Acompañado de los representantes de la minera Cuzcatlán intentó, con engaños, realizar una consulta exprés y aceptar la ampliación de ese proyecto minero”, señalaron.

Agregó el documento que “ese es el verdadero Salomón Jara, un político abusivo, mediocre, fanfarrón como los que tanto señala su querido presidente y que pretende el saqueo total en los territorios”.

Hacen hincapié que la política pública de Salomón Jara es abiertamente neoliberal, antiagrarista y extractivista.

No sólo por la reciente Ley de Ingresos de 2024 aprobada por el congreso de Oaxaca en la que se busca la privatización de las tierras comunales y ejidales.

Sino también por los megaproyectos relacionados con procesos de privatización de la tierra en Oaxaca, como el Corredor Interoceánico, los proyectos carreteros, turísticos e inmobiliarios, mineros, los parques industriales y eólicos.

Así como otros proyectos energéticos y un sinfín de megaproyectos que han despojado a las comunidades de sus territorios con mentiras de progreso y desarrollo.

Recordaron que “hace un año que Salomón Jara tomó posesión como gobernador, pese a que su victoria fue una consecuencia del fenómeno Andrés Manuel López Obrador, que por méritos propios de un personaje gris, bastante turbio, que ya en campaña se vio rodeado de ‘gente nueva’, que entre telones de la política subterránea oaxaqueña, se relacionan más con grupos del crimen organizado que con políticos de la generación de la 4T”.

Consideran que el megaproyecto del Corredor Interoceánico fue el principal objetivo para Salomón Jara o mejor dicho la encomienda de su jefe directo, AMLO.

A un año, Salomón Jara dio otro salto, poniéndose a la derecha de Carlos Salinas de Gortari y de su política privatizadora del campo mexicano por medio de la reforma al Articulo 27 Constitucional, al proponer abolir la propiedad social en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2024.

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Y es con la mayoría del congreso local afín al movimiento de la 4T y con una oposición mas que timorata  fue aprobada la propuesta.

Ante este hecho, autoridades y movimientos de la sociedad civil iniciaron procesos legales donde piden derogar el artículo 25 de esa ley que atenta contra los pueblos originarios.

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