Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La asamblea comunitaria de Santiago Atitlán, Mixe, ejerció su derecho a la libre determinación y autogobierno al mandatar desconocer a sus autoridades municipales y agrarias.
La decisión fue por presuntos actos de corrupción y además facultaron a sus nuevos representantes a presentar la denuncia penal correspondiente.
Luego de ratificar a Mario Martínez González como presidente comunitario y a Epifanio López Vásquez como síndico municipal, la asamblea comunitaria mandató la apertura del Palacio Municipal y las oficinas del Comisariado de Bienes Comunales.
De igual forma, la asamblea comunitaria solicitó a las instituciones del gobierno del Estado de Oaxaca, a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, a la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y al Registro Agrario Nacional, respetar el derecho de la libre determinación y autonomía, y no abonar a la confrontación y el quebrantamiento de los tejidos comunitarios.
El pasado lunes 27 de marzo, se instaló la Asamblea General de comuneros y ciudadanos con la presencia de diversas autoridades.
Así como de pobladores de los núcleos rurales, agencias y rancherías que conforman la comunidad de Santiago Atitlán, Mixe, para analizar la situación que mantenía cerradas las puertas de las oficinas del Palacio Municipal y las oficinas de Bienes Comunales.
La Asamblea fue encabezada por el presidente comunitario, Mario Martínez González y síndico municipal, Epifanio López Vásquez, donde se analizó si se aprobaba o no la apertura de las instalaciones del palacio municipal y oficinas del Comisariado de Bienes Comunales.
Se habían mantenido cerradas derivado de conflictos postelectorales generados por Pablo Ramírez Mateo, quien fungió como autoridad comunitaria en el ejercicio fiscal 2021 y 2022 y se aferró a dejar el poder, bajo la protección de funcionarios del gobierno del estado de Oaxaca.
Después de varias intervenciones, la asamblea comunitaria, máximo órgano de toma de decisiones para resolver cualquier conflicto que se dé en la comunidad, por unanimidad acordó la apertura del palacio municipal y las oficinas de los bienes comunales.
También nombró a un grupo de personas comisionados, que fue integrado por ex autoridades municipales, agrarias, personas caracterizadas y jóvenes, para que atestiguaran la apertura de la instalaciones de la autoridad municipal y autoridad agraria.
Asimismo les facultó para que atestiguaran y rindieran informe de los bienes muebles e inmuebles de la comunidad, ya que no hubo entrega recepción de Pablo Ramírez Mateo ni de la autoridad agraria saliente.
En su informe, los comisionados destacaron que las oficinas del Palacio Municipal no estaban bajo llave y había un desorden, aunado a que los vehículos se encuentran en mal estado y dañados.
De igual forma, en la oficina de Bienes Comunales habían forzado la puerta y cambiado la chapa donde se observó un saqueo.
Y no se encontraron los siguientes bienes propiedad de la comunidad:
- Las llaves y facturas de las unidades de motor propiedad de la comunidad.
- Bases de radio de comunicación y radios.
- Computadoras.
- Expedientes agrarios como son la carpeta Básica y resolución presidencial, entre otros bienes de importancia para la comunidad.
Antes de finalizar la asamblea aprobaron que las autoridades comunitarias y agrarias se instalen en sus oficinas correspondientes conforme a los sistemas normativos de la comunidad.
Ratificaron el desconocimiento de las ex autoridades comunitarias encabezadas por el señor Pablo Ramírez Mateo y demás integrantes del cabildo municipal.
Y facultaron al presidente comunitario Mario Martínez González y síndico municipal Epifanio López Vásquez, para que en nombre y representación de la comunidad acudan ante las instancias correspondientes para levantar la denuncia penal por los hechos que puedan constituir un delito contra quienes resulten responsables.
Además, les autorizaron a realizar los trámites necesarios para la acreditación y asignación de recursos para la comunidad.
