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De Oaxaca, algunas de las 700 personas rescatadas de rancho de Guanajuato que eran explotadas

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Jaime GUERRERO

La Fiscalía de Guanajuato localizó a 700 personas víctimas de explotación laboral en un rancho de Dolores Hidalgo, en el que había hombres, mujeres y menores originarios de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

En el operativo participaron agentes de la Guardia Nacional (GN), las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) de Guanajuato, elementos de Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, entre otros.

Aparte de integrantes del DIF local, así como de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Fiscalía de Guanajuato abrió una carpeta de investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, luego de un cateo realizado al rancho.

En tanto que las víctimas recibirán atención médica, psicológica y un acompañamiento integral por instituciones tanto municipales como estatales.

Durante el operativo también se localizó a una persona en posesión de narcóticos, por lo que se abrió otra carpeta de investigación.

«Este operativo forma parte de la estrategia para combatir delitos que atentan contra la dignidad humana», anunciaron las autoridades de Guanajuato en un comunicado.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que la trata de personas no sólo es con fines sexuales, sino para forzar a mujeres y hombres a realizar un trabajo.

A las víctimas -por lo general de escasos recursos- les ofrecen un trabajo con mejores ingresos, pero alejados de sus comunidades o estados de origen.

El objetivo de los tratantes es dejar más vulnerables a las personas si se encuentran lejos de sus familiares o localidades de origen, además de que suelen dejarlos incomunicados.

Otra práctica es captar a personas de comunidades indígenas, que no hablan español, o que nos saben leer ni escribir.

La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas fija penas de 3 a 10 años de cárcel para todas aquellas personas que cometan este delito en modalidad de explotación laboral, así como una multa que va de las 5 mil a las 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

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