CIUDAD DE MÉXICO — Isidro Baldenegro López sabía que su vida estaba en peligro. Después de que en 1986 asesinaron a su padre, el activista Julio Baldenegro, Isidro tomó su lugar como defensor de los bosques de la sierra Tarahumara. Organizó protestas pacíficas contra la tala ilegal de madera, presionó al gobierno para que prohibiera temporalmente la tala en la región y molestó a traficantes de drogas y a líderes de la industria maderera. Cuando, en 2005, obtuvo el Premio Ambiental Goldman, 99 por ciento de los antiguos bosques tarahumaras habían sido deforestados. Las amenazas contra él y su familia eran cotidianas y el 15 de enero de 2017 fue asesinado.
La vida de los activistas que luchan por la conservación de las selvas, reservas y comunidades indígenas, está en riesgo permanente. Y cada vez más. El informe más reciente de Global Witness señala que en 2017 hubo un aumento de la violencia contra defensores de la tierra y el medioambiente en México, el cuarto país con más muertes de activistas. Al menos quince líderes medioambientales fueron asesinados el año pasado, muchos más de los tres registrados en 2016. Son todavía más las personas que han sido agredidas físicamente, arrestadas o encarceladas o han recibido amenazas de violaciones o secuestros.
No podemos seguir en silencio ante estos crímenes. Si permanecemos callados y dejamos de mostrar indignación ante asesinatos como el de Isidro Baldenegro, estos ataques contra activistas que protegen el medioambiente seguirán.
Como Isidro, la gran mayoría de los defensores y defensoras ecológicos son indígenas que se oponen a la expropiación forzada de terrenos por parte de terratenientes, organizaciones criminales y empresas que pretenden controlar los recursos naturales para obtener beneficios económicos. En esta lucha desigual, los activistas han quedado desprotegidos por la negativa del gobierno de tomar medidas eficaces contra los delincuentes o aplicar el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. México es de los pocos países que tiene un protocolo estatal para proteger a las personas defensoras de derechos humanos en situación de riesgo. Sin embargo, seis años después de su elaboración, grupos activistas han denunciado que aún no se practica de forma efectiva.
Esta violencia desmesurada contra líderes ambientalistas no solo sucede en México: casi el 60 por ciento de los asesinatos de defensores y defensoras durante el año pasado sucedió en América Latina, la región más peligrosa del mundo para las personas que confrontan a sus gobiernos y a las empresas que roban sus tierras y dañan el medioambiente.
Solo en Brasil, 57 activistas fueron asesinados, 24 en Colombia, ocho en Perú —que registró seis muertes más que en 2016—; Nicaragua, un país con poco más de seis millones de personas, tuvo cuatro, el mayor número de homicidios de líderes ambientalistas per cápita en la región.
En Latinoamérica confluyen tres elementos que han propiciado la vulnerabilidad de quienes defienden a las comunidades indígenas y el medioambiente: la abundancia de recursos naturales; el poder e influencia de grupos criminales y los gobiernos negligentes.
En la sierra Tarahumara, por ejemplo, donde fue asesinado Baldenegro, se han expropiado tierras indígenas de las comunidades locales para establecer proyectos extractivos y concesiones madereras, y se han instalado grupos del crimen organizado que cultivan y transportan sustancias ilícitas. Los líderes medioambientales han quedado atrapados en un triángulo fatal entre intereses económicos de empresas sin responsabilidad ecológica, bandas de narcotraficantes que dominan zonas sin ley ni verdadero gobierno.
Los gobiernos de la región han fallado en defender a los ambientalistas e incluso muchas veces los han perseguido — Baldenegro pasó quince meses encarcelado por cargos falsos de transporte de drogas y armas, que finalmente fueron retirados—. Tampoco han sido efectivos en resolver sus asesinatos. Uno de los casos más visibles y que tuvo mayor presión internacional, el asesinato de la activista Berta Cáceres en 2016, no ha sido del todo esclarecido por el gobierno de Honduras. En México, en donde más del 90 por ciento de los homicidios permanecen sin sentencia, la cultura de la impunidad ha beneficiado a los agresores de activistas.
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