Eduardo Contreras/Corresponsal
En tres años el Sistema Acusatorio Adversarial como nuevo modelo de justicia en la región del Papaloapan ha tenido aciertos y deslices, que revelan la incapacidad por parte de instituciones y funcionarios que administran la justicia.
De acuerdo con el Asesor Jurídico de la Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi” A.C. en San Juan Bautista Tuxtepec, Miguel Vázquez Ortíz, el nuevo sistema tiene cuestiones que son, por mucho, mejores que el sistema anterior “es un tema controversial el análisis que se haga, donde quienes no han obtenido lo que buscan dicen que no funciona el sistema y quienes han salido triunfantes dirán que el sistema está muy bien”, explicó.
Entre los beneficios enlistó la aplicación de principios como al oralidad y la inmediación, que obligan a que el Juez esté presente en todas las audiencias, cosa que no ocurre en el sistema escrito, también la celeridad es mejor porque los plazos son mucho más prontos.
También se enlista la forma de tomar los testigos, porque con el otro sistema se citan durante meses o años, pero con el nuevo ya se fijan plazos para que comparezcan los testigos o en el tema de las pruebas ilícitas, aquí se declaran lunas cuando en el anterior sistema cabía la posibilidad de introducirlas.
Pero el contraste de todas estas bondades, es sólo que en momentos entorpece la correcta aplicación de estos principios para obtener justicia, y son quienes lo operan y las instituciones.
El jurista señaló que el nuevo sistema tiene como eje medular la protección de los derechos humanos y si lo cumple, pero el problema radica en quienes se encuentran al frente y lo operan, que como en toda actividad humana, la impartición de justicia tiene errores, sin ser este un justificante.
Uno de los casos más sonados en los últimos días, es el del Juez Javier García Pérez, señalado por el Tribunal Superior del Estado de vulnerar los derechos humanos de un menor víctima de violación al cometer agravios en el asunto penal, y por lo que se le ordenó la reposición de la audiencia correspondiente.
“Hace falta avanzar en muchas cuestiones, necesitamos por ejemplo tener más ministerios públicos, también una profesionalización en las policías investigadoras, más peritos y especialistas para que las víctimas encuentren una justicia más pronta”, abundó.
El tema de la infraestructura y el equipamiento también es urgente, ya que en el caso de la medicina legal no se tiene un descanso municipal apropiado porque las condiciones en que se ejecutan las necropsias en Tuxtepec son de principios del siglo IVI, pese a que uno de los principios es la prueba científica.
Comentó por último que se requiere la profesionalización y actualización de los abogados particulares y principalmente la intervención de la ciudadanía, quienes pueden estar al pendiente para señalar los errores que se cometan y poner el dedo sobre la herida.
