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Diputadas de Oaxaca buscan endurecer penas de abuso sexual hasta con 7 años de cárcel y persecución de oficio

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Jaime GUERRERO

Diputadas de la Comisión Permanente de Mujeres e Igualdad de Género del Congreso de Oaxaca presentaron una iniciativa para reformar el artículo 241 del Código Penal estatal con el propósito de fortalecer las herramientas legales contra la violencia sexual hacia las mujeres, niñas y adolescentes.

La propuesta, impulsada por Dennis García Gutiérrez, Haydeé Irma Reyes Soto, Eliza Zepeda Lagunas, Sandra Daniela Taurino Jiménez y Jimena Yamilé Arroyo Juárez, busca clarificar y ampliar la definición del delito de abuso sexual, aumentar las penas de prisión de tres a siete años, elevar las multas y establecer la persecución de oficio, sin depender exclusivamente de la denuncia de la víctima.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Comisión anunció su adhesión al “Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres”, acuerdo encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y presentado desde Palacio Nacional.

Las legisladoras subrayaron que esta adhesión no es solo simbólica, sino que se traduce en acciones concretas como la reforma penal presentada, alineada con los diez ejes estratégicos del compromiso nacional, entre ellos la homologación del tipo penal de abuso sexual, el reconocimiento de la violencia digital, vicaria y los ataques con ácido, así como la creación de senderos seguros y la capacitación en perspectiva de género a servidores públicos.

La iniciativa responde también al Pacto Xicotencatl, suscrito por la Secretaría de las Mujeres y las comisiones de igualdad de género de las legislaturas estatales, que identificó la necesidad de armonizar los criterios normativos locales con el modelo nacional para una persecución más efectiva del delito.

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Con estas modificaciones, Oaxaca avanza en el cumplimiento de obligaciones constitucionales e internacionales para prevenir, sancionar y erradicar la violencia sexual, consolidando un marco jurídico más sólido que priorice la protección y la justicia para las mujeres.

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