Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- En México el 73.2 por ciento de las personas adultas mayores se vean orilladas a trabajar de manera informal, pues tan solo una cuarta parte de la población se encuentran pensionadas, reconoció el coordinador del grupo parlamentario del PRD, Francisco Martínez Neri.
El diputado federal alertó que “prácticamente, la mitad de este sector de la población labora por cuenta propia; 60.8 por ciento no tiene acceso a instituciones de salud por su trabajo; 61.8 por ciento labora sin tener un contrato escrito y casi la mitad (47.7 por ciento) no cuenta con prestaciones.
De ahí la urgencia de que el Estado mexicano ratifique el convenio con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores donde las mujeres se encuentran más vulnerables.
El legislador oaxaqueño dijo que México carece de un régimen de protección que estandarice los derechos de las personas adultas mayores y que establezca los mecanismos y los órganos para hacerlos exigibles”.
Luego de cabildear en la Cámara de Disputados, dijo que “se encontraron coincidencias en todos los grupos parlamentarios, quienes reconocieron la importancia de que el Estado mexicano ratifique este Convenio, pues al incorporarla a nuestro sistema jurídico, se ampliarán los derechos específicos de las personas adultas mayores.
Pero además, abundó, “las autoridades quedarán obligadas a armonizar la legislación con su contenido en todos los niveles de gobierno, con el diseño de políticas públicas que integren a los adultos mayores productivamente en la sociedad con los cuidados y la atención que requieren”.
El perredista Martínez Neri dijo que “según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2016, en el país hay 33.5 millones de hogares y en 30.1 por ciento de estos reside al menos una persona de 60 y más años, de las cuales, 6.7 por ciento recibe remesas, 28.8 por ciento recibe donativos de otros hogares e instituciones públicas, mientras que 49.2 por ciento recibe apoyos por programas gubernamentales”.
Entonces, “es alarmante que el 73.2 por ciento de las personas adultas mayores se vean orilladas a trabajar de manera informal”, puntualizó.
Y para las mujeres adultas mayores el panorama es aún peor porque de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), la tasa de participación económica de la población de 60 y más años es de 33.9 por ciento; en los hombres es de 50.9 por ciento y en las mujeres de 19.6 por ciento, lo que las coloca en graves condiciones de vulnerabilidad pues sus bajos o nulos ingresos propios ponen en riesgo el ejercicio de sus derechos a la salud, a la autonomía y a la autosuficiencia”.
Ante esta situación Martínez Neri solicitó adherir a México a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
Explicó que “la Convención es un instrumento regional jurídicamente vinculante que promueve, protege y asegura el pleno goce y el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores, además, reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente, autónoma y fomenta un envejecimiento activo en todos los ámbitos”.
Martínez Neri señaló que “como un grupo especial de la población, las personas adultas mayores tienen derecho a no ser discriminadas en razón de su edad; recibir el apoyo de las instituciones creadas para su atención en lo relativo al ejercicio y respeto de sus derechos; ser protegidas y defendidas contra toda forma de explotación y maltrato físico o mental; vivir en lugares seguros, dignos y decorosos; recibir atención médica en cualquiera de las instituciones del Sistema Nacional de Salud, aun sin ser derechohabientes, así como el acceso a una pensión, previo cumplimiento de los requisitos que las leyes correspondientes señalen, entre otros derechos”.
