Desde los primeros meses del año pasado, por añadidura, se determinó, más allá de toda duda, que en el sitio señalado por la PGR habían tenido lugar varios eventos de fuego y que entre los restos hallados había varios que no correspondían a ninguno de los 43 desaparecidos.
Ha de recordarse también que esa explicación generó desde un primer momento numerosos señalamientos críticos por su falta de coherencia interna, por la inconsistencia de las confesiones aportadas como prueba y, sobre todo, por la poca verosimilitud del acto narrado: para reducir 43 cuerpos humanos a cenizas hasta el punto de hacer imposible la identificación por ADN de la mayoría de ellos, se señaló, se habría requerido de una vasta logística cuyas huellas no aparecían por ninguna parte.
Como se recordará, tanto el GIEI como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) han desmentido, con base en numerosos análisis, la versión, aún oficial, presentada en noviembre del año antepasado por el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, según la cual los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en los sucesos del 26 de septiembre de 2014 fueron llevados a ese basurero, ejecutados e incinerados, y sus cenizas arrojadas en bolsas al cercano río San Juan.
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respondieron ayer, en conferencia de prensa, al anuncio hecho el pasado viernes por el subprocurador Eber Betanzos y el perito Ricardo Torres, quienes presentaron en público datos de un estudio aún no concluido que realiza en el basurero de Cocula un grupo de peritos en fuego, según los cuales existe evidencia suficiente, incluso observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el basurero de Cocula y que al menos 17 adultos habrían sido incinerados en ese sitio.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/07/opinion/002a1edi
