Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó el asesinato del defensor indígena de derechos humanos, Crispín Reyes Pablo, al tiempo que llamó a proteger a 128 familias desplazadas de la comunidad de Guadalupe de Victoria, en el municipio de San Juan Juquila Mixes, Oaxaca.
Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONU-DH, reconoció que “el desplazamiento forzado es una realidad innegable y compleja en México y Oaxaca”.
Resaltó que “el asesinato del señor Reyes Pablo es una trágica evidencia de la situación en la que viven las víctimas de desplazamiento forzado y el riesgo que corren quienes defienden sus derechos”.
Cabe mencionar que el pasado 14 de julio de 2022 fue asesinado Crispín Reyes Pablo alrededor de las dos de la tarde en un paraje cercano a la comunidad de Juquila Mixes, enfrente al Cerro Pelón.
El defensor Crispín era representante de 527 niños, mujeres y ancianos que se encuentran en calidad de desplazados desde 2017 y que el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa lo mantiene marginados y olvidados.
De acuerdo con la información recabada por la ONU-DH, el defensor comunitario de derechos humanos fue asesinado, con arma de fuego, mientras trabajaba en una propiedad cerca de la comunidad de Juquila Mixes.
Mencionó que “hasta enero de este año, el señor Reyes Pablo se desempeñaba como agente municipal de la comunidad indígena mixe de Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixes, representando a la comunidad y defendiendo los derechos de sus integrantes, especialmente de las 128 familias que habrían sido forzadamente desplazadas de su comunidad de origen en el año 2017”.
Fernández-Maldonado hizo hincapié que “las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un rol fundamental en nuestra sociedad y cualquier ataque en su contra también afecta la seguridad y el goce de derechos de sus comunidades”.
Por consiguiente, considera que “es fundamental que el Estado mexicano asegure la protección de las comunidades que han sido forzadamente desplazadas, tal como la comunidad indígena mixe de Guadalupe Victoria”.
“Este caso ejemplifica la realidad de muchas comunidades desplazadas en el país, que se enfrentan a la violencia cuando intentan retornar a las tierras de las que, originalmente, fueron expulsadas forzadamente y a una grave situación de desprotección en los lugares en donde se ven forzadas a asentarse”, agregó Fernández-Maldonado.
La ONU-DH llamó a las autoridades estatales y federales a que realicen investigaciones prontas y diligentes, en las cuales se tomen debidamente en cuenta la labor de defensa de los derechos humanos que realizaba el señor Reyes Pablo y que logren identificar y sancionar tanto a los autores directos del asesinato como a sus autores intelectuales, puntualizó.
De igual modo, abundó, “la Oficina insta al Estado mexicano a reforzar las acciones dirigidas a la protección de las personas defensoras de derechos humanos, incluidas las y los integrantes de la comunidad mixe de Guadalupe Victoria, San Juan Juquila Mixes, abordando las causas estructurales que favorecen estos ataques, para así garantizar de manera sostenible la seguridad de quienes ejercen la defensa de los derechos humanos”.
Asimismo, la ONU-DH insta a las autoridades mexicanas a emprender acciones efectivas que garanticen la atención y seguridad de todas y todos los integrantes de la comunidad indígena mixe de Guadalupe Victoria y a asegurar el retorno en condiciones de voluntariedad, dignidad y seguridad a sus tierras.
Finalmente, la ONU-DH expresa sus más sinceras condolencias y su más sentida solidaridad hacia la familia, compañeros y allegados de Crispín Reyes Pablo.
Con el crimen del defensor de derechos humanos, Crispín Reyes Pablo, de 60 años de edad, suman 10 los asesinatos de personas defensoras y activistas, registradas en Oaxaca de enero de 2019 hasta el primer semestre de 2022, confirmó la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO)
