Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Organizaciones civiles exigieron a la Secretaría de Gobernación que reenfoque el texto del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos porque no ha sido presentado a comunidades afectadas por megaproyectos de inversión y desarrollo ni ha sido sometido a consulta libre, previa e informada conforme a los estándares internacionales.
El Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos en México urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto garantizar los mecanismos de consulta, reparación, acceso a la justicia y seguimiento de casos por afectaciones a derechos humanos en proyectos empresariales.
El Grupo Focal integrado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER); y Oxfam México, exigen se haga público el borrador más avanzado hasta el momento, integrando las recomendaciones de actores involucrados.
Con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz (PBI), Asociación Interamericana para Defensa del Ambiente (AIDA) y Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Grupo Focal denunció la falta de claridad sobre el proceso de implementación y monitoreo del Programa.
Resaltaron que luego de dos años de proceso para generar el Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos (PNEDH) no contempla una metodología clara para integrar los comentarios surgidos en los foros y la consulta en línea, ni un mecanismo para apoyar su implementación, seguimiento y evaluación.
Y es que los foros no tuvieron carácter regional, no se garantizó la participación de comunidades indígenas y equiparables, no se conocen sus resultados y no cumplieron con los estándares de consulta.
Mencionaron que el borrador del Programa que se encuentra en línea no deja claras las obligaciones de las empresas nacionales y trasnacionales, así como del gobierno, para garantizar el respeto a los derechos humanos de personas, grupos y comunidades en el contexto de la actividad empresarial, incluyendo inversiones y tratados comerciales.
La claridad implica la realización de consultas previas, libres, informadas, culturalmente adecuadas y de buena fe en proyectos de desarrollo que puedan afectar el medio ambiente y pongan en riesgo los derechos de las comunidades indígenas, rurales y equiparables.
Mencionan que el resultado de las consultas debe ser vinculante y contemplar la opción de detener aquellos proyectos que no obtengan el consentimiento de las comunidades o impliquen impactos negativos en los derechos humanos.
Consideran que el PNEDH debe atender las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y reforzar el texto relacionado con los mecanismos de remediación, reparación y acceso a la justicia para las personas afectadas, retomando el amparo como mecanismo valioso para impartir justicia, con el cumplimiento por parte de empresa y gobierno de sentencias de la Suprema Corte y otras instancias del poder judicial.
Así como la garantía de integridad para las personas y comunidades defensoras de derechos humanos y periodistas en que sufren ataques, intimidación y amenazas por oponerse a proyectos empresariales.
Esto sin contar que también el borrador del PNEDH no considera una mayor articulación de las dependencias de gobierno; por ejemplo, no establece pasos concretos para fortalecer a las instancias encargadas de las supervisiones laborales, sociales o ambientales, no fortalece el Punto Nacional de Contacto dentro de la Secretaría de Economía para recibir y dar curso a las quejas contra empresas en el marco de las directrices de la OCDE, ni aprovecha al máximo lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede contribuir al Programa.
