México.- En la sierra norte y las tierras bajas de la Huasteca se cierne una amenaza sobre los derechos territoriales de miles de comunidades debido al fracking o fractura hidráulica.
El método se emplea para la extracción de gas y petróleo por debajo y dentro de las rocas subterráneas, lo cual pone en riesgo a más de un centener de municipios de cuatro estados tras la licitación por la Ronda Cero y la Ronda Uno promovidad por la Secretaría de Energía, según documentan los mapas de Advanced Resources Internacional de la Huasteca y el Totonacapan, detalla Alianza Mexicana contra el Fracking.
En Veracruz son 49 los municipios, en Puebla son 22, en Hidalgo son 21 y en San Luis Potosí son 18, donde comunidades y campos agrícolas de los pueblos nahua, tenek, otomí, tepehua y totonaca se encuentran amenazados.
Francisco Cravioto, de la organización Fundar y miembro de la Alianza, informa a los representantes comunitarios sobre los efectos nocivos de la extracción de hidrocarburos en yacimientos de lutitas por fractura hidráulica para el cual se emplean grandes cantidades de agua que contendríanhasta 600 sustancias tóxicas que podrían liberar metales pesados y sustancias ácidas, pese a ello, las empresas extractoras entre las que se encuentra Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford y Tecpetrol, aseguran que disponen de los procedimientos para evitar que el agua sucia no contamine el agua de las comunidades, sin embargo podrían registrarse filtraciones al cabo de los meses, con la desventaja de que el agua empleada suba a la superficie.
La región del Golfo de México es la zona más afectada con 13 pueblos indígenas que verían comprometido su territorio, específicamente «los yoko yinikob o chontales de Tabasco, con 85 por ciento de su territorio ocupado, seguido del totonaca con 38 por ciento, y el popoluca con 31 por ciento», ambos en Veracruz, esto durante la Ronda Cero, mientras en la Uno, los tenek, nahuas y totonacas verán ocupadas 320 mil hectáreas de sus territorios.
Mauricio González González, también de la Alianza Mexicana contra el Fracking, señala que los contratos de obra pública son ilegales, pues las reservas probables no fueron probadas.
En Veracruz se prevé una asignación de 900 mil hectáreas, mientras en Puebla unas 90 mil, detalló González quien es también integrante del Centro de Investigación y Capacitación Rural (Cedicar).
