Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- A más de nueve meses de que el Poder Judicial de la Federación emitió una resolución para investigar la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, las autoridades federales han incurrido en un abierto desacato.
Así lo dio a conocer la Comisión Civil de Seguimiento y Búsqueda de los eperristas, quien agregó que la Procuraduría General de la República (PGR) se niega de manera expresa a ejecutar el mandato judicial al rehusarse a trasladarse a las instalaciones militares y citar a declarar a mandos castrenses.
Esto implica que dichas autoridades están incurriendo en un delito al resistirse dar cumplimiento a los mandatos dictados en materia de amparo, con el propósito de proteger al Ejército Mexicano en temas de violaciones graves de derechos humanos, como lo es la desaparición forzada, aún en contra de las determinaciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación.
Por ello, en este momento, es el Poder Judicial de la Federación el único que puede garantizar que su propia resolución sea cumplida, mediante los procedimientos que la defensa está llevando a cabo.
En este contexto, la Comisión decidió acompañar al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Organizaciones de Derechos Humanos y populares, a impulsar la gira nacional desaparición Forzada en México; caso Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, un crimen de lesa Humanidad.
La gira inició el pasado 16 de febrero en la ciudad de Oaxaca y recorrerá varios estados del país para concluir en el mes de mayo en la ciudad de México.
La resolución demuestra, una vez más, que las desapariciones forzadas forman parte de una política de Estado y que las instancias que deberían de procurar justicia incurren en desacato al negar el acceso a los familiares y al pueblo en general a saber la verdad de los hechos y conocer el paradero de Gabriel y Edmundo, así como castigar a los responsables.
Explicaron que la resolución no radica sólo para el caso de la desaparición forzada de ambos luchadores sociales, sino para los miles de casos de este crimen de Estado y lesa humanidad en el país, por lo que esta Comisión continuara sumando esfuerzos para que se logre su acatamiento y se pueda determinar la suerte o paradero de Gabriel Cruz y Edmundo Reyes.
Mientras que al Ejército Popular Revolucionario (EPR) le solicitaron que aporte la información que pudiera ser útil para el esclarecimiento del caso.
La comisión integrada por Gilberto López y Rivas, Augusto César Sandino Rivero Espinosa, Leonel Rivero Rodríguez, Nadin Reyes y Margarita Cruz, familiares de los detenidos-desaparecidos; Santiago Corcuera Cabezut, Miguel Concha Malo, Luis Daniel Vázquez Valencia, Miguel Álvarez Gándara, Dolores González Saravia y Pablo Romo Cedano, exigen la presentación con vida de los eperristas.
La Resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación, ordena que diversas autoridades, entre ellas, el Ministerio Público de la Federación -encargado de integrar la averiguación previa en que se investigan los hechos-, el Secretario de la Defensa Nacional, el Procurador General de la República, el Comisionado Nacional de Seguridad, el Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Procurador de Justicia de Oaxaca, entre otras autoridades, se trasladen a los lugares de posible detención u ocultamiento de Edmundo y Gabriel Alberto, incluyendo las instalaciones militares.
También ordenan que tomen comparecencia a los funcionarios de la Procuraduría General de la República, a funcionarios estatales o mandos militares, que hubiesen estado en funciones en mayo de 2007, a fin de que declaren en relación a los hechos;
De igual forma, piden que se informen sobre la inhumación de cadáveres en los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con la de las víctimas para, en su caso, realizar diligencias de identificación forense.
Mientras que las indagatoria sigue cuatro teorías sobre la desaparición forzada de ambos luchadores sociales:
Los desaparecidos fueron detenidos el 24 de mayo de 2007, en un hotel denominado “El Árbol”, en la ciudad de Oaxaca, y entregados al Ejército mexicano; fueron detenidos por el Jefe Regional de la AFI, en Oaxaca; fueron detenidos en un vehículo Volkswagen en la carretera México-Puebla por la Policía Federal de Caminosy que fueron detenidos por la Policía Ministerial del Estado de Oaxaca, pertenecientes a la FEPAR, sin ser presentados ante una autoridad ministerial.
