OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Las autoridades municipales de Santa María Alotepec descalificaron y condenaron que “se nos criminalice desde el escritorio” al tiempo de informar que liberaron a las siete mujeres “por decisión propia que asumimos como cabildo” y no presiones gubernamentales ni de organizaciones de la sociedad civil.
A través de un comunicado, resaltó que las siete mujeres fueron liberadas a las 19:26 horas de este jueves 1 de agosto al tiempo que advierten que “ya no estamos dispuestos a tomar en consideración (llamadas telefónicas, medidas cautelares y las amenazas de iniciar una carpeta de investigación) pues violenta nuestros sistemas normativos indígenas”.
Cabe mencionar que este jueves fueron detenidas Fabiola Agapito, Flavia Galdino, Felipa Santiago, Edith de Jesús Tinoco, Juana Porfirio (mayor de edad), Paulina Blas y Vicenta Ventura porque se negaron a proporcionar las “cosas de la cocina comunitaria del DIF”.
“Primero las corrieron del lugar donde esta la cocina comunitaria y luego las encarcelaron porque no prestaron las cosas para su fiesta, para su pachanga de la autoridad”, relataron los familiares inconformes.
En un video de 19 segundos se observa a las mujeres encerradas en la cárcel municipal tejiendo mientras las liberan, mientras que el resto de las mujeres se refugiaron en sus domicilios ante el temor de que las encarcelen.
Sin embargo, la autoridad municipal lamentaron “los señalamientos y las posturas de las organizaciones de la sociedad civil, pues dicho comunicado desacredita nuestras funciones y atribuciones que nos corresponden como autoridades indígenas en el marco de nuestra libre determinación y autonomía sustentadas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.
Hicieron hincapié que estas organizaciones se ha pronunciado por el respeto al ejercicio de la gobernanza comunitaria lo cual resulta contradictorio al pronunciamiento al señalar la violencia de género cuando carecen de argumentos y fundamentos sobre la función de los Sistemas Normativos Internos”.
Por lo pronto, manifestaron que “como autoridad de Santa María Alotepec, estamos abiertos a que llegue las diversas dependencias gubernamentales y no gubernamentales par que se informen si es su deseo intervenir en algunos casos específicos relativos a la impartición de justicia, pero descalificamos y condenamos que se nos criminalice desde el escritorio como han acostumbrado hacerlos para lograr sus propósitos para acreditarse como los supuestos defensores de derechos humanos cuando están lejos de serlo”.
Aunque la autoridad no explica la razón por la que determinaron encarcelar a las siete mujeres indígenas mixes, el secretario del municipio compartió un escrito donde aclara que “es de mi responsabilidad, no de la autoridad ni soy vocero de mi comunidad, es mi primer intento de mi libre expresión individualista”.
“Soy el secretario del municipio bajo el sistema normativo indígena como lo llaman ahora, esto implica que es un servicio sin remuneración que se tiene que prestar por un año por el simple hecho de vivir en esta comunidad; mi función es ser el mediador entre la autoridad y el gobierno porque en este caso específico mi presidente no habla, escribe ni lee la lengua oficial, él llegó a este cargo por escalafón y por una buena carrera política comunitaria”.
“Estoy en este puesto porque hablo la lengua española y la mixe. Estar todos los días en el palacio municipal me permite conocer e involucrarme en la administración e impartición de justicia de este pequeño municipio, no existe separación entre los asuntos oficiales y los comunitarios, desde aquí se planea desde un ritual hasta una obra con recursos federales, aquí se juzga a las parejas que tienen problemas maritales como también se escucha los últimos deseos de un moribundo, aquí pasa todo, dice el dicho.
Sobre el caso de las mujeres detenidas explicó: “Hoy (jueves) por la mañana mandaron a llamar a varias mujeres que en una administración anterior estuvieron en un programa de Comedores del DIF, las autoridades les solicitaron por segunda ocasión que regresaran los utensilios que se habían llevado a su casa porque iban a ser utilizados para la preparación de la comida de la inauguración del Centro de Integración de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal”.
Agregó que “como es costumbre se sentaron al centro de la sala de Cabildo, se negaron a regresar los utensilios porque alegaron que les había costado días de trabajo construir la casa que funcionó como cocina, dijeron que los devolverían sólo si les pagaban a sus esposos los días de tequio; empezaron los murmullos y se alzaron la voz ambas partes, la autoridad alegó que no podían quedárselos porque eran del pueblo, optaron por encerrarlas en la cárcel a siete de ellas”.
“Horas después me tocó cumplir con mi función, llamadas de varias instancias gubernamentales con sus recomendaciones y sugerencias, en momentos me encontraba en la caseta con los demandantes y sus constantes llamadas telefónicas, después a leer los desplegados de periódicos, de páginas de internet, notas amarillistas, fotografías y videos que exhiben mujeres en la cárcel, desplegados de muchas organizaciones solicitando la intervención de las instancias correspondientes”, añadió.
Recordó que por segunda vez vuelven “a ser señalados como los violentadores, abusadores del poder, no lo dicen directamente pero dan a entender que esta autoridad no tiene la capacidad de cumplir su función, para eso están ellos para decir qué es lo correcto y no, nunca han pisado ni han vivido en estas tierras, se alían con los coterráneos que han optado ya no vivir la difícil y compleja organización comunitaria. Un pueblo indígena más que no sabe gobernar, aparecen entonces las justificaciones de género y vulnerabilidad”.
Este acontecimiento lo llevó a reflexionar y cuestionar su fe en esta forma de organización comunitaria que es casi una total renuncia a la vida individual: “personalmente creo que lo que el pueblo ha construido y gestionado es del pueblo y creo que también eso piensan las autoridades. Si hacemos caso a las recomendaciones de no ejercer ninguna acción contra las mujeres que no quieren regresar los utensilios están entonces avalando que todo lo que se ha logrado como pueblo sea repartido, como por ejemplo los instrumentos musicales de las bandas filarmónicas del pueblo, las tierras, las casas comunitarias, los manantiales”.
Incluso, dijo, “yo podía exigir que me paguen los días que he servido, en pocas palabras entrar en el mundo de la modernidad e individualismo o como conceptualmente sea correcto, donde tendríamos que pagar por los servicios y por la seguridad, que aclaro también es una buena elección”.
Finalmente resaltó que “este caso no es una cuestión de vulnerabilidad por ser indígenas, ni una cuestión de género, es un fenómeno latente donde las autoridades que el mismo pueblo nombra es desconocida y desacreditada por el gobierno y sus instituciones, señalándolos como criminales y faltos de sensibilidad ¡esos indios con sus usos y costumbres!”. “Personalmente siempre he creído en la igualdad entre los hombres y las mujeres, respetando también cuando ellas deciden no participar en la vida política comunitaria, siempre he creído que en última instancia se debe ejercer la violencia”.
Es por ello que “solicito a las instancias que luchan por las injusticias hacia la humanidad que se acerquen a la vida de nuestras comunidades, ayudémonos en vez de vociferar desde nuestras trincheras, aquellas personas que se han ido de sus pueblos los invito a participar en las asambleas, es mejor la palabra y el acto que mil cursos y talleres desde hermosos salones con café y galletas. De una vez por todas rompamos la gran barrera que nos separan”.
“Para la gran satisfacción de los denunciantes las mujeres ya fueron liberadas, de nueva cuenta se intimidaron las autoridades, se rumora en el pueblo que desde ahora podemos repartirnos todo lo que sea del pueblo, total, es avalado por el gobierno”, remató.
