Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió medidas cautelares a favor de 48 pacientes con enfermedades crónicas renales que presentaron una queja contra los Servicios de Salud y el Hospital Regional de Alta Especialidad, para que les garanticen atención médica en forma inmediata.
Y es que a los 48 pacientes les suspendieron, desde el pasado viernes 21 de agosto, el servicio de diálisis peritoneal y hemodiálisis en el Hospital Regional de Alta Especialidad al declararse incompetente por falta de medicamentos, maquinaria y personal para brindar la atención.
El coordinador general de Defensorías, Juan Rodríguez Ramos, detallaron que el director del Hospital Regional de Alta Especialidad, por medio de trabajadoras sociales, les informó de la suspensión del servicio al tiempo que les pidió abandonar la institución.
Los familiares explicaron que son de escasos recursos y los pacientes necesitan recibir el tratamiento de diálisis y hemodiálisis tres veces a la semana, sin embargo, por la falta de atención ponen en riesgo sus vidas e integridad física.
Acompañados por el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores y Profesionales de Salud, Saúl Ulises Cortés Maldonado, los pacientes y familiares confesaron que “es imposible sostener su tratamiento en instituciones privadas, ya de por sí se les dificulta pagar la cuota de 780 pesos que les pedían en el Hospital de Alta Especialidad”.
Denunciaron que la cuota del hospital no es el único desembolso periódico que tienen que hacer, pues además de pagar el servicio de hemodiálisis o diálisis, tienen que cubrir el costo de una inyección cuyo valor aproximado es de 500 pesos, la cual es necesaria para evitar que contraigan infecciones que ponga en riesgo sus vidas.
“Nuestros pacientes necesitan hemodiálisis tres veces por semana y para nosotros es difícil transportarnos; en mi caso, vengo de Zimatlán y tengo que transportar a mi paciente en silla de ruedas. Los taxis a veces no tienen tolerancia con nosotros, ni la ciudad cuenta con rampas suficientes para que las personas en sillas de ruedas puedan transitar por ella”, se quejaron.
Otro paciente expuso que viaja desde San Pedro Pochutla a la ciudad de Oaxaca para recibir la hemodiálisis, la cual llega a costarle más de 1,462 pesos semanales. Eso, sin contar las dos comidas que hace al día, además del pasaje que paga de ida y vuelta para transportarse de Pochutla a Oaxaca en compañía de su esposo.
Puntualizaron que este no es el único gasto que tienen que hacer, pues para evitar la anemia necesitan medicamentos como la eritropoyetina, pues por ser pacientes con enfermedades renales crónicas, su cuerpo ya no produce los eritrocitos suficientes que mantienen la sangre oxigenada.
La Defensoría del Pueblo de Oaxaca inició el expediente DDHPO/1277/(01)/OAX/2015, dentro del cual emitió las medidas cautelares urgentes para que los Servicios de Salud de Oaxaca, así como el Hospital Regional de Alta Especialidad, realicen las acciones necesarias para garantizar de forma inmediata la atención y tratamiento a estos pacientes.
Explicó que la Defensoría remitirá también la queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues el Hospital Regional de Alta Especialidad depende del gobierno federal, para que dicha Comisión investigue las posibles violaciones a los derechos humanos de los pacientes renales. Además, el organismo defensor oaxaqueño realizará un proceso de acompañamiento para corroborar que los pacientes tengan la atención correcta.
El pasado 9 de mayo, la defensoría emitió la Recomendación 8/2015 dirigida a la Secretaría de Salud, porque acreditó violaciones al derecho humano a la salud y la vida de personas que viven con enfermedades renales crónicas, pues la dependencia estatal no garantiza el acceso a servicios de salud y medicamentos.
Dentro de esta Recomendación, la Defensoría pidió que en todas las regiones del estado se habiliten unidades médicas especializadas para atender a los pacientes renales, a fin de brindarles los servicios de diálisis y hemodiálisis.
La Defensoría requirió que, mientras se realiza este proceso y se crea el servicio, se garanticen la atención de los pacientes renales mediante su canalización a hospitales de tercer nivel, y en su caso, se generen condiciones jurídico administrativas para que se cubran los gastos que cause esa atención en clínicas del sector privado.
