La experiencia de los llamados gobiernos progresistas en América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Uruguay y Venezuela) parece haber entrado en un pasaje crítico que algunos autores están denominando fin de ciclo, abriendo un debate histórico y político de fuertes implicaciones estratégicas respecto del porvenir inmediato.
Este deslizamiento es más perceptible en algunos países (por ejemplo Argentina, Brasil y Ecuador) que en otros (Venezuela, Bolivia y Uruguay) ya que en estos últimos se mantienen relativamente compactos los bloques de poder progresistas y no se abrieron fuertes clivajes hacia la izquierda.
Hay que registrar como en diversos países, además de la ofensiva de las derechas nacionales e internacionales, se asiste desde hace unos años a una franca reactivación de la protesta por actores, organizaciones y movimientos populares, donde vuelve a destacar un perfil antagonista y autónomo a contrapelo de la subalternización que caracterizó a las revoluciones pasivas latinoamericanas.
En particular, Venezuela fue el único país en donde se impulsó la participación generalizada de las clases subalternas con la conformación de las Comunas a partir de 2009, a pesar de que esta apertura descentralizadora fue compensada por la casi simultánea creación del Partido Socialista Unificado de Venezuela como órgano de centralización y brazo político del chavismo.
Esta inflexión, que ya se percibía claramente desde 2013 y retrospectivamente pudiera asignársele inclusive una fecha anterior, deriva en un giro desde un perfil progresivo a uno tendencialmente más regresivo, perceptible tanto en las respuestas presupuestales a la crisis económica que azota la región como el trato en relación con las organizaciones y movimientos sociales situados a su izquierda.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2015/09/27/opinion/022a1mun
