Se investiga ahora a los integrantes del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización de la que Berta era coordinadora general.
Apenas unos días antes Berta había denunciado persecución y amenazas contra ella y contra otros integrantes del Copinh.
De hecho ella contaba con medidas cautelares dictadas por la CIDH, pero, como en México, de nada sirvieron.
Criminalizar a los luchadores y luchadoras sociales no es nuevo, pero hacerlo en estas circunstancias resulta siniestro.
Las señales que envía el gobierno de Honduras no pueden ser más ominosas.
Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/03/05/opinion/013o1pol
