Pedro Matías
- En caso de que el Poder Judicial de Oaxaca libere a perpetradores de la desaparición forzada será una vergüenza nacional y mal antecedente para el gobernador electo
OAXACA, Oax. (pagina3.mx). – La familia de Claudia Uruchurtu Cruz, desaparecida el 26 de marzo de 2021, después de participar en una manifestación contra las autoridades municipales de Nochixtlán, hizo un llamado a opinión nacional e internacional a estar atentos con el fallo del Poder Judicial de Oaxaca porque puede sentar un precedente histórico o de vergüenza.
Elizabeth Uruchurtu Cruz, a través de un video, informó que el pasado jueves 10 de noviembre se reanudó la audiencia en el juicio oral contra cuatro de las cinco personas imputadas por la desaparición forzada de su hermana Claudia donde esperan una sentencia condenatoria contra la ex presidenta municipal de Nochixtlán, Lizbeth Victoria Huerta y sus cómplices.
La ex presidenta de Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta y sus cómplices Juan Antonio H. M., y su esposa Janet V.J. o N. Y. V. J., así como Johan Ricardo M.M., y R. A. B., alias “El Greñas” o “El Colas”, se encuentran recluidos en el penal de Tanivet.
Uruchurtu Cruz resaltó que “esta es la última etapa del proceso penal antes de la sentencia. De lograrse una sentencia condenatoria, sería la primera vez en la historia de Oaxaca que se castigue a funcionarios públicos por el delito de desaparición forzada. Nunca se había llegado tan lejos en un proceso penal. Esto lo vuelve un caso paradigmático para el sistema de justicia no sólo en Oaxaca, sino en México”.
“A pesar de las dilaciones, las dificultades y lo revictimizante que ha sido el proceso judicial, consideramos importante continuar con la esperanza en que el Poder Judicial del Estado de Oaxaca sea capaz de impartir justicia, y que las autoridades entiendan la oportunidad histórica que tienen en las manos para condenar a los perpetradores”, añadió.
El cumulo de pruebas es vasto, así como lo es el número de testigos esperados. Aun así, sabemos que cualquier cosa puede pasar, puntualizó.
Hizo hincapié que por orden de la juez, la audiencia ha sido conducida de manera privada y no pública y el desahogo de esta etapa crucial se da a semanas del cambio de gobierno en el estado. Esperan que no hay ninguna injerencia toda vez que el gobernador electo ha defendido públicamente a la ex presidenta de Nochixtlán.
Recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU sostiene que “en México, la impunidad es un rasgo estructural que propicia la repetición y ocultamiento de actos de desaparición forzada… La impunidad también es un factor que contribuye a la revictimización y socava el impacto de cualquier iniciativa para erradicar y prevenir las desapariciones forzadas».
Según el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, en México, sólo un porcentaje mínimo de casos de desaparición -entre el 2% y el 6%- son llevados ante los tribunales, a la fecha, sólo se han emitido 36 sentencias a nivel nacional.
Manifestó que “afueras la sede del tribunal en la ciudad de Oaxaca donde colectivos de familias continúan su demanda por verdad y justicia. Sabemos de su dolor y pena, porque es la nuestra; nos solidarizamos con su lucha.
“Queremos pensar que seguir luchando por Claudia es una oportunidad para sentar un precedente y reducir la absoluta impunidad que existe en el estado y en el país”. Finalmente, reconoció “que si hemos llegado tan lejos en el proceso penal es gracias a la lucha de cientos de familias que antes han presionado al estado para que se imparta justicia”.
Hace una semana, viajó a Oaxaca una delegación interparlamentaria del Reino Unido y externó su preocupación por la falta de justicia para la activista Claudia Uruchurtu Cruz.
El parlamentario británico Dan Corden manifestó que existe preocupación porque a un año y 8 meses de la desaparición de Claudia Uruchurtu sus restos siguen sin aparecer y los detenidos, siguen sin ser sentenciados.
De acuerdo con los hechos asentados en la causa penal 203/2021, el 26 de marzo de 2021, la víctima Claudia U. C. fue vista por última vez en inmediaciones del palacio municipal de Asunción Nochixtlán, luego de participar en una manifestación contra las autoridades del lugar.
Tanto el fiscal Arturo Peimbert Calvo como el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestaron que el caso de la activista es una ejecución extrajudicial.
