Rafael LOZANO
Oaxaca de Juárez.- Durante la audiencia de lectura de sentencia, la jueza del Circuito Judicial de la Mixteca, María Teresa Quevedo Sánchez, dio 4 años 2 meses y 22 días de prisión para Lizbeth Victoria Huerta, ex alcaldesa de Asunción Nochixtlán, por el caso de desaparición forzada de Claudia Uruchurtu Cruz, ocurrido en marzo de 2021.
Otros implicados en la desaparición forzada recibieron sentencias mayores. Antonio Hernández Martínez, declarado culpable por la autoría material del delito, le dieron 60 años de prisión. A Nelci Yanet Vásquez Jiménez y Rolando Aquino Barrita, declarados culpables de participar en el crimen, obtuvieron 40 años de prisión.
Según la Jueza Quevedo Sánchez, en el caso de la ex edil, la evidencia ofrecida probó que ella sólo obstaculizó la indagatoria y búsqueda de la activista Claudia Uruchurtu, pero no que participó directamente como autora intelectual o material del delito.
En un comunicado, familiares de Claudia Uruchurtu Cruz, lamentaron el viraje en la decisión.
“Es claro que tanto la Juez María Teresa Quevedo Sánchez como el presidente del Tribunal Superior del Estado de Oaxaca Eduardo Pinacho Sánchez han sucumbido a otros intereses y han desvirtuado, una vez más, el significado de la Justicia y la Verdad. Seguiremos luchando a través de los recursos legales a los cuales tenemos derecho”.
“Para la familia la prioridad sigue siendo encontrar a Claudia”, pronunciaron, “daremos seguimiento a las denuncias hechas por Claudia que han resultado en una serie de auditorías y sanciones consecuentes por la corrupción en la administración del municipio de Asunción Nochixtlan durante el periodo que Lizbeth Victoria Huerta fue edil del municipio”.
En la mañana de este jueves, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, advirtió en conferencia de prensa presidencial la posibilidad de que la ex edil Victoria Huerta recibiera una sentencia menor:
“Este caso lo exhibimos porque es un caso que generó mucha indignación y además está probado ya y sentenciadas las personas presuntas, ya sentenciados como responsables. Entonces, aquí el punto es que la jueza no vaya a cambiar el fallo que ella misma determinó, sería un caso de impunidad y, efectivamente, no se recurría si fuera el caso”.
