El Tribunal de Cuentas condena a Alfonso Alonso y Javier Maroto a pagar 393.000 euros

«El Tribunal de Cuentas es una jurisdicción administrativa, no judicial, y quien firma la sentencia es una consejera de Cuentas de naturaleza administrativa, no jueza», explican.
Una de ellas proponía la remisión del contrato al Tribunal de Cuentas del Estado, tras constatar que perjudicaba a las arcas públicas.
Los hechos se produjeron en 2007, cuando Alonso era el alcalde de Vitoria y Maroto el delegado de Hacienda.
Los más de siete millones se dividían en 6,1 millones de euros por el alquiler y 1,5 millones de euros por las obras de acondicionamiento que costeó el presupuesto público.
El Tribunal de Cuentas no lo cree así.

Fuente: http://elpais.com/politica/2016/05/13/actualidad/1463142064_503363.html