Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El cuerpo jurídico de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) emplazó a la Secretaría de Gobernación y al gobernador Gabino Cué para dar cumplimiento a un mandato judicial en un plazo de 24 horas o de lo contrario procederán a denunciarlos penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de desacato.
La abogada de los maestros recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Edith Santibáñez Bohórquez, declaró que “vamos a darles hasta hoy a las autoridades federales y estatales si no a partir de mañana estaremos interponiendo los recursos legales en contra del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, del delegado de la PGR y contra el gobernador Gabino Cué”.
En una conferencia de prensa convocada por la Comisión Política de la Sección 22, el Comité de familiares de presos políticos y el cuerpo jurídico desmintieron que los maestros Othon Nazariega y Efraín Picazo, hayan sido trasladados del penal del Altiplano a Oaxaca porque físicamente no están en ningún reclusorio de la entidad”.
Por el contrario, es la sexta ocasión que las autoridades estatales y federales desacatan el acuerdo del juez quinto de distrito José Luis Evaristo Villegas.
Apenas el nueve de febrero, el juez emplazó a las autoridades para que en un lapso de tres días hayan trasladado a los maestros Othón Nazariega y Efraín Picazo, sin embargo, el termino venció ayer, entonces, ahora lo que procede es denunciarlos penalmente por desacato.
El ex ombudsman del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz, Heriberto Antonio García, ya autorizó un espacio para trasladar al maestro Roberto Abel Jiménez García, luego que la Sección amagó con denunciar y exigir el cese inmediato de la juez primero de lo penal, Graciela Maldonado, por violar derechos humanos y el debido proceso del acusado por delitos del fuero común y recluido en el penal federal de máxima seguridad del Altiplano.
La realidad es que su finalidad es política y pretenden mantenerlos privados de su libertad para que puedan trabajar en este proceso electoral porque es la fecha en que las personas que los acusan no se han presentado a ratificar.
Esta situación, dijo la abogada, “provoca un caos porque están preparados para interrogar a funcionarios de Seguridad Pública, de la Agencia Estatal de Investigaciones, a los peritos que hicieron inspección pero no han llegado, entonces, hacemos un llamado al fiscal general de que si tuvieron el valor de señalar e inventar un delito, que tengan el valor de enfrentarlo”.
