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Exigen retirar concesión a empresa porcícola de Puebla que contamina comunidad mixteca de Oaxaca

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Pedro MATÍAS

OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Por daños ambientales a San Miguel Tequixtepec, comunidad mixteca de Oaxaca, el diputado de Morena Horacio Sosa Villavicencio solicitó a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) que le “retire de inmediato” la concesión para el uso del agua a la empresa Socorro Romero Sánchez, de Tehuacán, Puebla.

Denunció que la empresa de Tehuacán instaló una granja porcícola en terrenos comunales de San Miguel Tequixtepec y se le otorgó una concesión sin consulta previa, libre, informada y de buena fe de la comunidad indígena propietaria de las tierras comunales en donde se asienta.

Sosa Villavicencio solicitó la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y CONAGUA para investigar daños ambientales de la empresa porcina en comunidad mixteca, la cual ha incumplido acuerdos ambientales como el tratar sus aguas y sus residuos.

Y es que la empresa porcina se deshace de las aguas negras en lagunas a cielo abierto, donde además de excrementos, depositan crías muertas que se descomponen y generan focos de infección.

El legislador dijo que esas lagunas artificiales están a menos de 200 metros del Río Grande que atraviesa el municipio de San Miguel Tequixtepec y es usado para riego, como abrevadero para animales de pastoreo, e incluso como agua de uso común en las viviendas.

Denunció además que la empresa extrae del subsuelo volúmenes desconocidos de agua, pues el nivel de los pozos de la comunidad ha disminuido.

Por lo anterior, pidió a la LXIV Legislatura de Oaxaca solicitar a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que retire de inmediato la concesión para el uso del agua a la granja Tehuacán.

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De igual forma, pidió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) investigue los daños ambientales por la operación de esa granja.

Además de que ordene la reparación del daño ambiental y presente denuncia ante el Ministerio Público de la Federación por la posible comisión de los delitos contra el ambiente.

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