Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández confirmó que el ex presidente Felipe Calderón fue denunciado ante la Corte Penal Internacional en La Haya, por delitos de lesa humanidad relacionado con el operativo “Rápido y Furioso”.
Y advirtió:” Quienes la hicieron, tengan la seguridad que, la van a pagar. Ahora tenemos que llegar hasta sus ultimas consecuencias esta investigación, esta denuncia que está presentada, como ya lo dije, en la Corte Penal Internacional” de la Haya en los Países Bajos.
Para ser mas precisó detalló que la denuncia fue presentada en la Fiscalía General de la Corte Penal Internacional y “sabemos que esta en periodo de integración o allegándose de todas las pruebas”.
La Corte Penal Internacional, llamada también Tribunal Penal Internacional, es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.
Durante su vista por Oaxaca al participar en el foro Participación de Fuerzas Armadas en Seguridad Pública dentro de La Política Interior de la 4T, el secretario de gobernación Adán Augusto, aseguró el gobierno federal llegará hasta sus últimas consecuencias.
El expresidente Felipe Calderón es señalado de tener un acuerdo con el gobierno de Estados unidos para introducir mas de dos mil armas largas armas a través del operativo ‘Rápido y Furioso, las cuales contaban con chips de geolocalización, esto para saber la ubicación de los grupos criminales; sin embargo, fueron vendidas sin el chip de geolocalización.
El ex presidente panista, en su cuenta de Twitter rechazó tales acusaciones el 7 de mayo de 2020.
“@FelipeCalderon Es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de EUA para introducir armas al país. Durante la Administración 2006-2012, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de EUA detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales. Abro hilo…
Y agregó: “Después de mucha insistencia, el gobierno de EUA ofreció tomar acciones para frenar el tráfico de armas. Entre ellas, la Procuraduría de aquel país buscó recolectar y generar evidencia judicializable para detectar, detener y llevar a juicio a los traficantes de armas.
Es en ese marco que, según se supo después, introdujeron detectores electrónicos en armas comercializadas en la frontera para rastrear su movimiento y actuar judicialmente contra los culpables. Sin embargo, la situación salió de control de las autoridades estadounidenses.
Y resaltó que “la llamada operación “Rápido y Furioso” fue un operativo secreto, cuyo implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia”.
Finalmente, dijo, que “en ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia judicial americana fue un tema que fuese materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdo entre oficinas Presidenciales”.
