Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Aunque la Procuraduría General de Justicia del Estado se deslindó de los “hechos delictuosos” y presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de 37 migrantes centroamericanos, sin embargo, las investigaciones apuntan que fueron extorsionados por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y Policía Estatal.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca también refiere que las autoridades municipales de Ocotlán de Morelos podrían haber incurrido en delitos al retener a los migrantes sin haber cometido delito alguno, por lo que solicitó que los dejaran en libertad de forma inmediata.
Sin embargo, los 37 indocumentados fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) después de 24 horas.
Por lo pronto, la Defensoría emitió medidas cautelares para los 37 migrantes detenidos en Ocotlán y solicitó a la Procuraduría un informe sobre posible hostigamiento de personal policial.
La defensoría inició de oficio el expediente DDHPO/897/(16)/ OAX/2015 para investigar posibles violaciones a los derechos humanos de 37 personas migrantes detenidas el pasado 20 de junio en la comunidad de Ocotlán de Morelos.
El síndico único municipal de Ocotlán informó a los dos visitadores de la Defensoría que la detención de estas personas se realizó después de que recibieron una llamada en la que les pedían su intervención, porque unas personas escandalizaban en las inmediaciones del CBTIS de la comunidad.
La Defensoría documentó mediante sus visitadores que las 37 personas migrantes, después de ser retenidas en la comunidad de Ocotlán por la policía municipal con la participación de la Agencia Estatal de Investigaciones, así como de elementos de la Policía Estatal, fueron trasladadas primero a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Sin embargo, en la Procuraduría no quisieron recibir a los detenidos por considerar que no había delito que perseguir, por lo que los pasajeros del autobús fueron trasladados por las autoridades municipales al Instituto Nacional de Migración donde tampoco los recibieron porque no presentaron ningún certificado médico.
Los migrantes narraron a la Defensoría que el autobús en el que viajaban fueron interceptados por posibles elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, quienes los llevaron al baratillo de Ocotlán.
En este sitio, relataron, los amagaron con armas de fuego y les pusieron como condición para liberarlos que proporcionaran a sus captores mil pesos por cada persona, pero como los migrantes no completaron esa cantidad, los agresores llamaron a la autoridad municipal.
El personal de la Defensoría señaló al Director de Seguridad y Vialidad de la comunidad de Ocotlán que el tener retenidas a las personas migrantes podría constituir una violación a sus derechos humanos, al no haber ningún delito que ameritara su detención.
Ante estos hechos el organismo emitió el 21 de junio último medidas cautelares dirigidas a la Procuraduría para que un agente del Ministerio Público hiciera cesar el acto de privación de la libertad del que estaban siendo objeto las 37 personas migrantes. Además, la Defensoría pidió a la Procuraduría que los servidores públicos involucrados en los hechos descritos rindan un informe detallado al respecto.
Fue hasta el 21 de junio por la tarde cuando las autoridades municipales de Ocotlán de Morelos pusieron a disposición del Instituto Nacional de Migración a las personas migrantes, para que el INM realice el proceso que corresponde respecto a la situación migratoria de las personas y su estadía en nuestro país.
Por su parte, el procurador Joaquín Carrillo Ruiz se deslindó al “descartar tajantemente haber tenido implicación alguna en hecho delictuoso alguno cometido en contra de 37 migrantes centroamericanos”.
El Procurador se manifestó en total disposición de aportar cualquier información que le sea solicitada para clarificar en la medida de su competencia, los hechos en cita, y presentar si así se requiere, con la debida salva guarda de sus derechos integrales, a los elementos que acudieron como coadyuvantes al lugar de los hechos, o bien, a quien resultara señalado por haber cometido cualquier tipo de ilícito en contra de las personas indocumentadas.
