Jaime GUERRERO
La Presidenta de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura, Leslie Jiménez Valencia, pidió a los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Alejandro Avilés Álvarez; coordinador de la bancada del PRI; Natividad Díaz Jiménez, del PAN; y Jesús López Rodíguez; del PRD), dejar de lado los intereses políticos y petitos personales para que prevalezca la legalidad en el Congreso de Oaxaca.
La panista, señaló que ella, al igual que un grupo de diputados panistas y del PRD, advirtió que se incurría en una inconstitucionalidad, “pero desgraciadamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo achaca a toda la legislatura y no a los promotores”.
Y es que dijo que la ley de derechos electorales indígenas tomaba atribuciones de otros órganos autónomos como el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Jiménez Valencia, señaló que en esa ley que invalidó la SCJN, quedo evidenciado la convicción de los legisladores y legisladoras al pretender incrustar a personas que representaban a partidos políticos, en elecciones de autoridades que se rigen por los Sistemas Normativos Internos.
Pidió entonces: “La Jocupo debe de dejar los intereses de grupo y apetitos personales para que prevalezca la legalidad en el Congreso”.
Lamentó que en la LXII Legislatura lo que se vive “es que las mayorías son las que determinan el rumbo aunque a veces otros manifestemos el rechazo”.
Jiménez Valencia, demandó hacer una reflexión de las leyes que las y los diputados de la LXII Legislatura, producen para las y los oaxaqueños, para reivindicarse, cerrar bien el último año y no privilegiar los intereses de grupo.
En virtud de que con la sentencia de la SCJN se dejó ver que había una intervención del Poder Legislativo sobre el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
Reconoció que los órganos autónomos deben de tener independencia y nombrar a sus integrantes, como lo dicta la SCJN.
En tanto, dijo que aun no se autoriza al gobernador firmar convenios, ni emitir certificados para comprometer el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM).
Adelantó que se hará un análisis puntual de lo que se pretenden y que sean por las vías jurídicas para no contravenir a los intereses de los y las oaxaqueñas.
“Es una ley que está en análisis y mientras no sea votada por el pleno no puede darse ningún acto.
Todo acto que se haya hecho antes de la publicación de la ley no tiene validez”, sentenció.
