Jaime GUERRERO
Oaxaca, Oax. (pagina3.mx).- Literal, el Congreso del Estado tiene en sus manos una “Papa Caliente”. Tras la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción -el pasado 21 de abril-, el Congreso de la Unión, envió a la LXII Legislatura, la “Minuta con Proyecto de Decreto” que crea esa organismo en el país y ahora tocará al Poder Legislativo de Oaxaca, hacer lo propio.
Este miércoles, durante la sesión de la diputación permanente, se notificó de la llegada de la “Minuta con Proyecto de Decreto”, que servirá para hacer una refundación y replanteamiento de facultades, funciones y atribuciones de la Auditoria Superior del Estado (ASE) y la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.
En medio de presuntos actos de corrupción y malversación de recursos en la administración del gobernador, Gabino Cué Monteagudo, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la LXII Legislatura, Adolfo Toledo Infanzón, dijo que el congreso de Oaxaca tiene varios retos.
El primero e inmediato es aprobar el dictamen que ya aprobó el Congreso de la Unión en materia de la ley anticorrupción, y por otra parte, replantear el papel de la ASE y la COTAIPO para que sean acordes y coincidentes con el propósito de la reforma constitucional federal.
“Tendrá que revisarse pues, para que haya una coincidencia en los propósitos, en las facultades en las atribuciones, de estos dos organismos con lo que marca la legislación federal. Y tendrá que posibilitar que se puedan fundar y reconstruir estos organismos. Es fundamental”, asentó.
Refirió que a la fecha, tres congresos locales lo han aprobado, el de Hidalgo y el del Edo de México y el de Chiapas.
Entre los puntos clave del Sistema Nacional Anticorrupción destaca, que funcionará a través de un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno.
Por el Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente del IFAI, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
Se otorga a la Auditoría Superior de la Federación la facultad de realizar auditorías en tiempo real, es decir, durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias, para investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares. También podrá hacer auditorías sobre posibles actos irregulares cometidos en ejercicios fiscales anteriores.
La Auditoría Superior de la Federación podrá fiscalizar los recursos transferidos a los estados a través de dicha figura de “participaciones federales”. Esto permitirá fiscalizar todo el gasto público, que actualmente tenía esa salvedad.
El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de autonomía para dictar fallos, impondrá las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados.
Se propone ampliar el plazo de prescripción siete años por las faltas administrativas graves, con lo que se pretende que la prescripción sea transexenal.
Contra el conflicto de interés, los servidores públicos presenten de manera obligatoria, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes.
El nombramiento del secretario de la Función Pública será ratificado por el Senado, con la intención de que quien ostente el cargo obedezca a intereses generales con absoluta imparcialidad.
