La muerte de una menor víctima de violación en una zona rural de Perú ocurre en medio de un escenario de creciente persecución contra el aborto terapéutico, marcado por presiones de grupos antiderechos que han impulsado cambios restrictivos y ha dejado a niñas y adolescentes con menos posibilidades de proteger su vida y su salud.
Tenía 13 años y vivía en el caserío de Piruro, en la región andina de Huánuco (Perú). Había quedado embarazada tras una presunta violación y el 1 de agosto de 2025 dio a luz en su vivienda. Poco después perdió el conocimiento y murió sin recibir atención médica oportuna. Para las organizaciones de derechos humanos, su historia refleja un patrón que se repite en distintas partes del país: la falta de información sobre el aborto terapéutico, la inacción frente a la violencia sexual y la ausencia de atención obstétrica de emergencia.
En Perú, el aborto es legal únicamente cuando la vida o la salud de la gestante corren riesgo. Sin embargo, incluso dentro de este marco limitado, las barreras para acceder al procedimiento son múltiples: desconocimiento del derecho por parte de las usuarias, estigma en el personal de salud, miedo a sanciones y protocolos que, en muchos casos, nunca se activan. Cuando la gestante es una niña, el riesgo físico y psicológico es mayor, pero la respuesta institucional sigue siendo insuficiente.
Cambios impulsados por presión política
La muerte de la menor de Huánuco ocurre apenas semanas después de que el Ministerio de Salud modificara la guía técnica de aborto terapéutico, eliminando la salud mental como causal y reduciendo los supuestos médicos autorizados. Estos cambios fueron celebrados públicamente por congresistas de sectores ultraconservadores que, desde hace años, ejercen presión sobre las instituciones sanitarias para restringir este derecho. Según especialistas, la medida afecta de manera directa a niñas y adolescentes víctimas de violación, ya que la afectación grave a la salud mental era, en la mayoría de los casos, la base para autorizar una interrupción del embarazo.
Para Isbelia Ruiz, del equipo legal de Promsex, el caso de Huánuco revela la gravedad de estas restricciones y la negligencia de las autoridades. “Los médicos que atendieron a la niña tenían la obligación de informarle sobre la opción de un aborto terapéutico y de activar el protocolo conjunto frente a la violencia sexual. Ninguna de esas acciones se realizó, y eso muestra un fallo estructural que terminó en una tragedia”, señaló.
Las omisiones no se limitan al sistema de salud. Susana Chávez, directora de incidencia de Promsex, denunció que este escenario es resultado de decisiones políticas que ignoran la evidencia y los compromisos internacionales. “El Estado está incumpliendo su deber de proteger a las niñas y adolescentes, y las está obligando a parir en condiciones que ponen en riesgo su vida”, advirtió.
Una agenda para recortar derechos
El endurecimiento de la guía del aborto terapéutico forma parte de un proceso más amplio de persecución contra los derechos sexuales y reproductivos en el país. Grupos autodenominados “provida”, con representación en el Congreso, han promovido campañas para desacreditar el aborto terapéutico, presionar a médicos que lo practican y eliminar causales reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. Este mismo año, la congresista Milagros Jáuregui de Aguayo, de Renovación Popular, se atribuyó públicamente la presión para que el Instituto Nacional Materno Perinatal redujera de 15 a 11 las causales que permitían la interrupción del embarazo.
Las cifras oficiales muestran la magnitud del problema. Cada año, casi 3.000 niñas menores de 14 años quedan embarazadas en Perú como resultado de una violación, y más de 1.200 son forzadas a dar a luz. En las zonas rurales y andinas, como Huánuco, el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva es aún más limitado, lo que incrementa la vulnerabilidad de las niñas frente a embarazos forzados y muertes evitables.
Especialistas y organizaciones coinciden en que revertir esta situación exige no solo restituir los criterios de salud mental en la guía técnica, sino también garantizar la capacitación del personal de salud, activar los protocolos de atención a la violencia sexual en todos los niveles y proteger a los profesionales frente a presiones políticas. De lo contrario, advierten, la muerte de la niña de Huánuco será solo una de las muchas historias que podrían haberse evitado.
