Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Ante los cuestionamientos de “opacidad, abuso de autoridad, fraude y hasta denuncias penales”, el consejero presidente de la Comisión de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales (Cotaipo), Esteban López José, anunció que para el próximo 19 de mayo los tres consejeros harán pública su declaración patrimonial.
Esteban López José, presidente del Cotaipo, sostuvo que junto con las consejeras Eréndira Fuentes Robles y Gema Sheyla Ramírez Ricárdez, existe el compromiso de declarar sobre sus bienes para evitar ser requeridos en el Congreso o se les inicie un proceso de juicio político.
Y es que en el 2014, el contralor interno de la Cotaipo solicitó al Congreso de Estado inicie el “juicio de responsabilidad política y el requerimiento de la obligación omitida o la investigación de la servidora pública Gema Sheyla Ramírez Ricárdez” porque se negó a presentar su declaración patrimonial.
Así lo revelan un documento dirigido a la Mesa Directiva de la LXII Legislatura local y fechado el 11 de julio de 2014, donde el propio contralor interno de la Cotaipo, Oliverio Suárez Gómez, hace del conocimiento que la Consejera se niega a cumplir la ley al oponerse a entregar su declaración patrimonial.
Según el expediente C.A./001/2014, el contralor interno recurrió al Congreso local ante la omisión de la actual coordinadora jurídica de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, para presentar su declaración patrimonial.
Respecto al caso de las trabajadoras despedidas pese a contar con medidas cautelares de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dijo que se les iniciaron procedimientos administrativos porque presentaron facturas sin testigos, sin embargo, como se sentían protegidas por la consejera Sheyla desacataban las ordenes del consejero presidente.
Sin embargo, hubo un distanciamiento entre la consejera Sheyla y las trabajadoras y fue ella quien pidió la intervención de la contraloría y la sanción cuando “nosotros no teníamos nada contra ellas (las trabajadoras) solo se les pedía que aclararan ese documento de las facturas”.
En cuanto a las amenazas que hizo a la Defensoría de promoverle una controversia constitucional si defendía a tres trabajadoras que fueron despedidas por negarse a encubrir presuntos actos de corrupción, aclaró que procedió de esta manera por la forma en que se presentó el personal de derechos humanos que fue en un “plan muy agresivo”.
