*Les alarma el reconocimiento reciente de las actividades de la minería como actividad esencial. | *Y mientras, los amparos, recursos de revisión e impugnaciones se encuentran detenidas. | *Consideran que el trámite de los casos en línea profundiza la brecha que existe entre los pueblos indígenas y la administración de justicia, por “la falta de servicios de luz, internet e infraestructura digital.
Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax, (pagina3.mx).- Indígenas chontales denunciaron que su territorio se encuentra en riesgo frente a la paralización de la administración de justicia en el sistema judicial, so pretexto de la pandemia por el covid-19.
Lo expusieron en el marco del Día Estatal de Rebeldía Contra la Minería.
Autoridades de la comunidad de Santa María Zapotitlán, Santa María Ecatepec, Yautepec, y la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y Tequio Jurídico hicieron la denuncia.
Sostuvieron que es insuficiente la actuación de diversas autoridades relacionada directamente con los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, en el contexto de la actual pandemia.
Razón por la que demandaron que se atienda como caso urgente el recurso de revisión interpuesto por la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de nuestro Territorio en el expediente 1208/2018.
Exigencia comunitaria
“Demandamos del Juzgado Cuarto de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, la atención urgente del recurso de revisión interpuesto el 07 de julio de 2020.
“Contra la sentencia dictada en el amparo 1208/2018, respecto del que acordó reservar los escritos de impugnación “hasta una vez que se reanuden los plazos de forma regular”.
Consideran que la protección del territorio indígena chontal, frente a la inconstitucional Ley Minera, deber ser un caso prioritario y urgente.
“Es importante que los criterios actuales de atención a casos sean revalorados por el Poder Judicial, ya que de permanecer en lo subsecuente, nuestro expediente no tendría fecha cierta para ser atendido, dada la prolongada suspensión de actividades en dicho órgano, misma que ha sido reiterada en sus acuerdos generales
Su preocupación radica en la ampliación de seis concesiones mineras en territorio de los pueblos de Oaxaca durante la segunda mitad del año 2019 por la Secretaría de Economía.
Comprometiendo una superficie acumulada de 29 mil 142 hectáreas, en los municipios de:
- San Pedro Quiatoni,
- San Pedro Totolapan y
- San Baltazar Chichicapam.
Mineras sin consentimiento
Denunciaron que dichas concesiones fueron otorgadas violentando los derechos colectivos de libre determinación, autonomía y consulta indígena protegidos por tratados internacionales.
“Nos alarma el reconocimiento reciente de las actividades de la Minería, industria de la construcción y la referente a la fabricación de equipo de transporte, como actividades esenciales, durante la pandemia provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), que el gobierno federal realizó a través de la Secretaría de Salud”.
Y es que esas prácticas confrontan abiertamente el derecho a la salud de quienes trabajan en dicho sector y en una clara posición de anteponer los intereses de las mineras sobre los derechos colectivos de la población indígena.
Se quejaron que la administración de justicia en el sistema judicial ha experimentado una suspensión sin precedentes, ya que a la fecha solo está atendiendo casos clasificados por criterios de urgencia.
Consideran que la suspensión de actividades dentro del Poder Judicial de la Federación, se ha dicho, busca proteger la salud de las personas justiciables y de las personas que laboran en los órganos de justicia y es entendible.
Sin embargo, en la práctica, esta determinación ha resultado en una evidente demora en la atención de los casos iniciados presencialmente y en la imposibilidad de iniciar nuevos procesos judiciales por no cumplir criterios de urgencia, limitando el derecho de acceso a la justicia.
¿Justicia? En línea
Aunado a ello, manifestaron que el trámite de los casos en línea, profundiza la brecha que existe entre los pueblos indígenas y la administración de justicia en el país.
Su argumento lo sustentan en que “la falta de servicios de luz, internet e infraestructura digital, hacen imposible seguir un juicio en línea en el contexto de nuestras comunidades”.
Además, la gestión para la obtención de la firma electrónica se vuelve un obstáculo, ya que en algún momento, tienen que entregarse presencialmente los documentos, lo que no pudo ser posible en tiempo de la pandemia, limitando también el derecho de acceso a la justicia.
En este sentido, debe tomarse en consideración que “el rol fundamental de la independencia y de la actuación de los poderes públicos y las instituciones de control, en particular de los poderes judiciales y legislativos, […] debe ser asegurado aún en contextos de pandemia.”
“Que “ […] al momento de emitir medidas de emergencia y contención frente a la pandemia del covid-19, los Estados […] deben brindar y aplicar perspectivas interseccionales y prestar especial atención a las necesidades y al impacto diferenciado de dichas medidas en los derechos humanos de los grupos históricamente excluidos o en especial riesgo,” dentro de los cuales se encuentran los pueblos indígenas.
Las organizaciones inconformes con el sistema judicial remataron con las consignas:
“¡La vida es primero, fuera el proyecto minero!”
“¡Gay mama laypitine jlamast´s! – Mi madre, mi vida es la tierra!” y
“¡Desde abajo y en la tierra sembramos autonomía!”.
