El problema crónico de la escasez del agua, además de afectar de forma agudizada al 40 por ciento de la población mundial, impacta diferenciadamente a hombres y mujeres, dado que uno y otro género asumen distintos roles y actividades.
En las zonas rurales, las mujeres y las niñas realizan las tareas de búsqueda y recolección de agua para el uso doméstico, sanitario y de higiene, así como para las actividades de siembra o cosecha. Pero incluso en las zonas urbanas son ellas las que se encargan de la gestión y procuración del vital líquido para los hogares.
En el marco del Día Mundial del Agua, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) presentó un informe en el que destaca que en 2030 faltará un 40 por ciento del agua necesaria para la vida humana, las primeras víctimas serán las poblaciones más pobres y marginadas, y las mujeres.
En México, la reciente difusión de la Ley General de Aguas propuesta por el Ejecutivo Federal –cuya dictaminación fue pospuesta temporalmente en la Cámara de Diputados–, ha provocado enorme polémica. La controversia es tan grande que se habla de la necesidad de una nueva legislación para asegurar el abastecimiento del agua para toda la población, en tanto observamos diferentes conflictos sociales en torno a este bien común.
El caso de la Tribu Yaqui en Sonora y la disputa por el agua potable en la comunidad de San Bartolo Ameyalco, Ciudad de México, son un botón de muestra de los conflictos sociales aparejados a la lucha por este recurso. Los principales líderes de estos movimientos, Mario Luna y Fernando Jiménez, en el primer caso, y Eduardo Mejía Nava, en el segundo, han sido privados de su libertad por las autoridades.
Tanto desde la perspectiva de los derechos humanos, como desde aquella que contempla al vital líquido como una mercancía sujeta a las reglas de la oferta y la demanda, la actual gestión del agua en México es, simplemente, inviable. No sólo porque este recurso es indispensable para asegurar la vida, sino, también, porque resulta fundamental para actividades económicas en los sectores de energía, hidrocarburos y minería, así como para resguardar el funcionamiento de empresas automovilísticas, embotelladoras, refresqueras o cerveceras.
Organizaciones civiles, académicos, intelectuales y defensores de derechos humanos argumentan que la Ley General de Aguas supone el incremento en las tarifas del suministro, asegura la operación del fracking –una técnica de extracción de gas shale altamente contaminante, contemplada en la Reforma Energética–, además de que el sistema de concesiones privilegia al sector privado para el afianzamiento de megaproyectos (hidráulicos, mobiliarios, carreteros, mineros de hidrocarburos y energía).
Lo anterior, de acuerdo con especialistas entrevistados por este medio, implica la violación al derecho humano al agua y atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, toda vez que se contempla el trasvase de ríos para favorecer al sector energético por encima de cualquier otra actividad humana –en consonancia con las disposiciones de la Reforma Energética– lo que significa un golpe a la agricultura y la ganadería.
En este sentido, el informe de Naciones Unidas, antes citado, señala que, dado el crecimiento demográfico, en 2050 la agricultura deberá producir un 60 por ciento más de alimentos a nivel mundial y 100% más en los países en vías de desarrollo.
La coordinadora de la Red de Acción por el Agua, Nathalie Seguin Tovar, dijo en entrevista para este medio, que dicha legislación significa “la entrega del agua a grandes contaminadores como lo es la industria de la fractura hidráulica (fracking) o la industria de la minería, al abrir la posibilidad de que éstas tengan concesiones de grandes volúmenes de agua”.
Como consecuencia, el “acceso al agua de una buena calidad, en cantidad suficiente y que sea asequible –es decir que la gente pueda pagar por ese servicio sin que comprometa sus otros derechos humanos como el de la alimentación, como el de la educación, el de la salud– pone en gran riesgo la realización y la implementación del derecho humano al agua y al saneamiento”, señaló la especialista en Gestión del Agua y Participación Social, Seguin Tovar.
Revisemos algunas cifras. El Programa Nacional Hídrico 2013-2018 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) documenta que la disponibilidad anual del agua por habitante se redujo de 18 mil 35 metros cúbicos, a 3 mil 982, en el periodo que va de 1950 a 2013. Además, establece que “35 millones de mexicanos se encuentra en situación de poca disponibilidad de agua en términos de cantidad y calidad”; 9 millones de personas carecen de servicios de agua potable y 11 millones no cuentan con drenaje.
En el mismo documento se estima que “en unos veinte años la demanda llegará a 91 mil 200 millones de metros cúbicos debido al incremento en las actividades productivas y el crecimiento de la población, mientras que la oferta puede llegar a 68 mil 300 millones de metros cúbicos considerando los proyectos registrados en cartera; lo que significa que la brecha estimada entre oferta y demanda será de 23 mil millones de metros cúbicos”.
Asimismo se exponen las estrategias a seguir y se explican las medidas tomadas por la Conagua, sin embargo la Propuesta Ciudadana de Ley General de Aguas, señala que esta comisión cuya “autoridad es única y sin contrapesos, responsable por el manejo sustentable de las aguas nacionales desde 1989”, “ha sido extremadamente vulnerable a presiones por parte de intereses de agroexportadoras, empresas mineras, inmobiliarias, embotelladoras, industrias contaminantes, empresas mineras e inversionistas en megaobras hidráulicas”.
En entrevista con Revolución TresPuntoCero, el doctor en Planeación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool, Inglaterra,y uno de los redactores de la propuesta ciudadana, Pedro Moctezuma Barragán, aseveró que los defensores de la también denominada “Ley Korenfeld”, en alusión al director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), “rehúyen al debate abierto”.
Toda vez que “plantean que al privatizarse [este bien común] va a haber inversión, pero la inversión requerida para el mejoramiento de la gestión del agua, puede darse con un ejercicio sano de los sistemas de agua de los organismos descentralizados de agua potable y saneamiento, a partir del presupuesto público. Actualmente tan sólo en el Valle de México en los últimos 3 años se han gastado 37 mil millones de pesos para la expulsión de aguas de la Ciudad de México.
“Este dinero podría resolver tres veces un equilibrio que plantee la captación de agua de lluvia en todos los edificios públicos, escuelas, mercados y un sistema de plantas de tratamiento de aguas residuales obras de micro y meso –pero no macro obras– y además una dinámica de reforestación y manejo de picos de tormenta en cuenca alta”, para su aprovechamiento, subraya Pedro Moctezuma, director del Centro para la Sustentabilidad “Incalli Ixcahuicopa” de la Universidad Autónoma Metropolitana.
No obstante, quienes abanderan la propuesta gubernamental afirman que la inversión privada es necesaria para asegurar el abastecimiento del agua para la población. Al respecto, el jurista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas-UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas, expresó que “la lógica del mercado no es la de distribuir un determinado bien vinculado a la dignidad y a la vida. La lógica del mercado es la acumulación, es generar riqueza y apropiación, es poder hacer negocio con un determinado bien”.
Nota completa: http://revoluciontrespuntocero.com/primeras-victimas-de-la-nueva-ley-de-aguas-de-epn-seran-las-mujeres-expertos/
