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Protestas persiguen a Salomón Jara por proteger colaboradores violentadores de mujeres y de la libertad de expresión

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Pedro MATÍAS

OAXACA, Oax., (pagina3.mx).- Al gobernador Salomón Jara Cruz lo persiguen las protestas en plena fiesta de los Lunes del Cerro o mal llamada “Guelaguetza” por sus malas decisiones de atentar contra la libertad de expresión y proteger a sus colaboradores denunciados por violencia contra las mujeres.

A ocho días de que pretendieron silenciar la protesta de la cineasta Ángeles Cruz y de censurar al fotoperiodista de El Universal, Edwuin Hernández, en la 95 edición de la fiesta de los Lunes del Cerro, un grupo de periodistas protestó portando camisetas con la leyenda: “Prensa no disparen #PeriodismoEnRiesgoOaxaca.

De igual forma, Martha Aracely Cruz y Ruth Hernández, mujeres violentadas por colaboradores del gobernador, exhibieron una lona con la leyenda: “Gobernador, deje de proteger a violentadores y agresores de su Gabinete, Donato Vargas Jiménez y René Vásquez Castillejos”.

Las manifestaciones se realizaron de manera pacifica afuera del auditorio “Guelaguetza” mientras se desarrollaba la festividad de la octava de los Lunes del Cerro en su emisión matutina.

Pese a que, el gobierno de Salomón Jara ofreció una disculpa pública por los hechos ocurridos el pasado lunes 22 de julio en el Auditorio Guelaguetza, donde el fotoperiodista Edwin Hernández denunció que le fue impedida la realización de su labor periodística, mientras documentaba la manifestación de la cineasta Ángeles Cruz durante la primera emisión del Lunes del Cerro, la postura gubernamental fue considerada insuficiente.

A través de un comunicado, “el gobierno del estado, a través de la Coordinación de Comunicación Social se disculpa públicamente por los hechos ocurridos, ya que siempre se ha buscado privilegiar la libertad de expresión y manifestación de ideas, además de brindar las condiciones para el correcto desempeño de la labor periodística”.

“Luego de realizar una investigación, hemos concluido que, en efecto, hubo responsabilidad de servidores públicos al obstaculizar la labor del fotoperiodista, además de intentar retirarle su acreditación”.

Ante esto, se determinó la suspensión de dichos trabajadores, quienes deberán recibir de manera obligatoria un taller de sensibilización sobre el respeto a la libertad de expresión y derechos humanos.

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Esta postura no fue suficiente, razón por la que este lunes se manifestó un grupo de periodistas portó una camiseta en solidaridad con el fotoperiodista, quien por instrucciones de la empresa EL UNIVERSAL decidió como protesta que no cubriría el segundo ‘Lunes del Cerro’”.

Por otra parte, el defensor comunitario Joaquín Galván manifestó que este lunes 29 de julio se registró una protesta pacífica de mujeres víctimas de funcionarios del gobierno de Oaxaca.

Martha Aracely Cruz, mujer indígena ayuujk, que en el año 2023 denunció públicamente las agresiones de las que fue víctima de parte de Donato Vargas Jiménez, quien ocupa el cargo de Jefe de Delegados de Paz en el gobierno de Salomón Jara, exige la renuncia del servidor público y se le aplique la ley.

También acudió a la denuncia Ruth Hernández quien denunció recientemente al director del Colegio Superior Integral Intercultural  (CSEIIO), René Vásquez Castillejos, a quien acusa de ejercer violencia laboral e institucional tras ser despedida y luego de un laudo, ser reinstalada a su trabajo.

La lona que extendieron ambas víctimas contenía la leyenda: “Gobernador, deje de proteger a violentadores y agresores de su Gabinete, Donato Vargas Jiménez y René Vásquez Castillejos”

Ambas mujeres protestaron al finalizar el lunes de cerro en el marco de la “Guelaguetza” en Oaxaca.

Esta protesta se une a la protesta que efectuó la cineasta Ángeles Cruz. el pasado 22 de Julio en el primer lunes de cerro, que causó revuelo nacional por la censura que efectuó personal del gobierno de Oaxaca.

Las víctimas exige una audiencia con el gobernador Salomón Jara Cruz para presentar pruebas de que Donato Vargas promueve chats de WhatsApp con contenidos sexuales y misóginos en contra de mujeres indígenas.

Cruz Jiménez narró su experiencia: “Soy Martha Aracely Cruz Jiménez, mujer mixe, de la comunidad de Santa María Huitepec, Totontepec Villa de Morelos, en el año 2013, por cuestiones de trabajo conocí a Donato Vargas Jiménez, actual Coordinador de Delegados de Paz, del gobierno del estado de Oaxaca, ya que en esas fechas me dedicaba a elaborar proyectos.

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“Meses después empezamos a tener una relación de pareja, durante el tiempo que duró nuestra relación fui víctima de violencia familiar, en sus diversas formas: violencia física, psicológica, económica, patrimonial y sexual de parte de él.

“A diversas personas que ahora son servidores públicos del actual gobierno del estado de Oaxaca, fueron testigos de dicha violencia, pues en múltiples ocasiones presenciaron golpes, amenazas, agresiones verbales, destrucción y la retención de mis bienes y pertenencias”.

“En julio de 2020, en las afueras de un hotel en Xaaga, Mitla, me golpeo, me destruyo mi celular y me amenazó que si lo denunciaba me arrojaría acido en la cara o me agarraría a machetazos. Consecuencia de la violencia que ejerció sobre mi persona perdí a mi bebé de 26 semanas de gestación, además en ese mismo año 2020, dejó volantes con mi foto desde el parque del amor hasta mi domicilio, ubicado en San Martín Mexicapam, situación que me provocó mucho miedo, caí en depresión y ansiedad, tuve que buscar ayuda para hacer frente a toda esta violencia sistemática de la que era víctima”, contó.

Antes, también perdió a un bebe de cuatro semanas de gestación al ser golpeada y pateada en su vientre.

“Comento esto, no para que me tengan lastima, sino para que entiendan el contexto de la violencia que durante años fui y soy víctima, no es fácil hablar, menos denunciar legal y públicamente”, subrayó.

Mientras que Ruth Hernández Ruíz, trabajadora del  Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), denunció haber sido hostigada, aislada y sancionada principalmente por el Director General René Vásquez Castillejos, como represalia por haber exigido el cumplimiento de un laudo emitido por la Junta Local de Arbitraje (JLCyA).

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