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Tendrán que asumir consecuencias por toma de casetas a la Costa: Sego; hay denuncias ante FGR

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Jaime GUERRERO

Tras confirmar que hay denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y alertar que, quienes hayan cometido delitos tendrán que asumir las consecuencias legales de sus actos, el Secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, informó que la protesta en la caseta de peaje a la Costa, es encabezada por particulares -ex autoridades convertidas en transportistas- de los Coatlanes y no por las comunidades indígenas.

El responsable de la política interna de la entidad criticó que esa versión se ha difundido en algunos comunicados que calificó de “manipulados”.

Romero López señaló que la situación ha sido abordada en coordinación con Caminos y Puentes Federales (Capufe), Banobras y la Secretaría de Gobernación.

Explicó que la toma de la caseta no ha sido determinada por asambleas comunitarias, sino por grupos de particulares que buscan beneficios económicos a través de esta acción.

Explicó que, en el caso de la gasolinera denominada Tenguexi, su construcción y administración fueron resultado de un acuerdo de asamblea comunitaria, lo que la hace parte de un esquema de beneficio común.

Sin embargo, expresó sus dudas respecto a si el servicio de transporte de suburbans en San Pablo, San Vicente y San Sebastián Coatlán también responde a un acuerdo similar.

“No me consta que haya actas que respalden esto como una decisión comunitaria”, recalcó.

Sobre las denuncias interpuestas por la toma de la caseta, el secretario confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) está al tanto del caso, ya que la afectación al erario público constituye un delito grave.

Adelantó que los propietarios de las urbans involucradas en la protesta tienen programada una reunión con Capufe para discutir la situación y determinar posibles resoluciones.

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No obstante, Romero López, afirmó que el gobierno estatal no ejercerá represión ni persecución contra los manifestantes.

Sin embargo, advirtió que quienes hayan cometido delitos tendrán que asumir las consecuencias legales de sus actos. “No es la política de este gobierno reprimir a nadie, pero quien incurra en un delito, deberá justificarse ante la autoridad”, matizó.

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