OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ) tomó las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Huajuapan de León y mantiene bloqueada la carretera Oaxaca-Puebla para denunciar que el gobierno tanto de PRI, del PAN y ahora de Morena le “apostaron por perpetuar la impunidad” en el caso de los defensores Bety Cariño y Jyri Jaakkola asesinados hace 13 años.
El 27 de abril del 2010, una caravana que se dirigía a San Juan Copala fue atacada por un grupo armado donde fueron asesinados Bety Cariño y el finlandés Jyri Jaakkola y a
13 años de estos crímenes no hay justicia.
Es por ello que MAIZ realizó una serie de acciones en la región mixteca de Oaxaca para demandar justicia al “Estado Mexicano”, sus gobiernos y sobre todo sus instituciones que apostaron por perpetuar la impunidad, a pesar del reclamo y de las voces que se pronunciaron en este cobarde asesinato”.
“Nuevamente hoy recordamos a Bety y Jyri, por su entrega solidaria y fraterna que les costó la vida, su ejemplo es una memoria viva, viven en nuestros pensamientos y en nuestra lucha”, sostuvo el dirigente de MAIZ Omar Esparza.
Así mismo, anunció que en su memoria, “nos sumamos a la Caravana El Sur Resiste en su paso por Oaxaca, como parte de los acuerdos asumidos en el Congreso Nacional Indígena, acompañando a nuestros heman@s de Puente maderas y de Matías Romero de la Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo, que enfrenta en despojo del capital mundial y al cual el mal llamado gobierno de la transformación se subordina y se arrastra al poder trasnacional”.
Durante la toma de oficinas de la Agencia del Ministerio Público de la Federación, ubicadas en el Fraccionamiento Jardines del Sur en Huajuapan, realizaron pintas como Bety Cariño Vive, Jyri Vive, 13 años de impunidad, cómplices en demanda de justicia.
Cabe recordar que en octubre del 2022, ante la impunidad por el asesinato de los dos defensores, sus familiares y sobrevivientes de la caravana, acompañados por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, anunciaron que interpondrán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
