Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- El Centro Empresarial de Oaxaca afiliado a la Confederación Nacional de la República Mexicana (COPARMEX) evalúa la viabilidad de “interponer demandas no contra el Gobierno del Estado sino contra los funcionarios (del sexenio de Gabino Cué Monteagudo)” que les quedó a deber dos mil 500 millones de pesos.
Respecto a las opciones de pago a proveedores anunciadas por el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, las consideró “como convenientes pero no justas”, al tiempo que hizo “un llamado al Gobierno del Estado para que en los convenios de pago a firmar no se nos limite este derecho (a demandar por la vía legal)”.
Reconocieron que “el monto de la deuda a proveedores estimada en 2,500 millones de pesos lesiona severamente las finanzas estatales y que la baja calificación crediticia heredada de la pasada administración limita el acceso a fuentes de financiamiento externo para solventar estos pagos”.
Además, aceptan que no es la presente administración la responsable de esta situación y que el Gobierno Estatal en turno desde el primer día reconoció los adeudos como institucionales y asumió el compromiso de pago.
Sin embargo, “hemos sido pacientes y prudentes ante los múltiples plazos y trámites establecidos por parte de las autoridades del Gobierno del Estado, solicitados para validar la veracidad de dichos adeudos”.
Consideran convenientes las opciones de pago, ya que la apremiante necesidad de las empresas para solventar sueldos a trabajadores, proveedores y obligaciones patronales ha vuelto urgente la necesidad de flujo de efectivo y la vía del litigio resulta más costosa y larga en tiempo.
Por consiguiente, la propuesta de pago es injusta porque las empresas proveímos bienes y servicios ya que de eso vivimos, en su momento se convino un precio y tiempos de entrega para el suministro así como un compromiso de pago como contraprestación de los mismos. “Las empresas cumplimos, el gobierno no, ya que las opciones de pago ofrecidas están fuera de tiempo, por importes menores y en algunos casos el pago se diferirá por dos años o más”, puntualizaron.
Mencionaron que las opciones de pago en caso son un avance pero sigue pendiente el cobro de adeudos anteriores al 2016 como también el cobro de suministros que carecen de requisitos de forma pero que de fondo cumplen con suficiencia, como ejemplo se referieron a suministros efectivamente realizados por las empresas y recibidos por el gobierno del estado pero que carecen de contrato, entre otros casos.
Ahora, “aceptar o no estas nuevas condiciones de cobro es opcional para cada empresa y la vía jurídica sigue estando abierta”, finalizaron.
