Jaime GUERRERO
OAXACA (#pagina3.mx).- La violencia política por razón de género no puede ser sancionada en Oaxaca, debido a que la LXIII Legislatura, modificó el Código y derogó el delito contenido en el Código Penal del Estado de Oaxaca.
El artículo 401 Bis señalaba –antes de la reforma realizada por la LXIII Legislatura- “se interpondrá prisión de 2 a 6 años y multa de 7 mil a 15 mil pesos a quien realice por sí o a través de terceros, cualquier acción u omisión para causar un daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político electorales, introducirla u obligarla a tomar decisiones de la misma índole en contra de su voluntad”.
El artículo había sido aprobado el 25 de febrero del 2016, el 9 de agosto del 2017 la 63 legislatura lo derogó.
El proceso electoral, federal y local concurrente en Oaxaca, arranco el pasado mes de noviembre del 2017. En Oaxaca, se elegirán además de Presidente de la República, 2 Senadores de Mayoría, 1 plurinominal; 10 diputados federales, 27 diputados locales de mayoría, 17 plurinominales y 153 concejalías que se rigen por la vía de los Partidos Políticos.
En Oaxaca, de acuerdo con el número de denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), es la entidad en donde se ejerce mayor violencia política contra las mujeres.
De los años 2012 a 2017, abrió en todo el país 190 carpetas de investigación y averiguaciones previas por delitos de violencia política contra la mujer.
Tres corresponden a 2012; uno a 2013, y para 2014 no se registró ninguno. En 2015 fueron 92 y en 2016 sumaron 60.
En medio del proceso electoral federal y local concurrente, el Magistrado presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Adín Antonio de León Gálvez, señaló que por mucho tiempo las mujeres han estado excluidas del poder y las responsabilidades de toma de decisiones, por ello, es urgente la reivindicación en las leyes para diseñar medidas que introduzcan al ámbito público sus trayectorias, proyectos y expectativas.
De León Gálvez, arribó a la entidad a impartir el curso taller “Paridad libre de Violencia Política en Razón de Género”.
Destacó que existe un avance en la participación política de las mujeres, sin embargo la participación política de las mujeres ha generado la existencia de mecanismos paralelos que conducen a la violencia política por razón de género.
“Hemos sido testigos de las condiciones en las que algunas mujeres se ven en la necesidad de ejercer el poder. La escasa posibilidad que tienen de influir en la toma de decisiones y los costos que tienen que pagar cuando ocupan un cargo público o las formas tan burdas y veladas de agresión o violencia de las que son objeto”.
Por tanto, dijo, es necesario darle las herramientas existentes y las instituciones para que identifiquen los procedimientos para la defensa de sus derechos políticos electorales, de cara al actual proceso electoral y así dar paso a un defensa integral de los derechos políticos de las mujeres.
León Gálvez, recalcó que es necesario visualizar la actual violencia política contra las mujeres a fin de generar en ellas el sentido de derecho y conozcan el avance democrático por el reconocimiento de su participación en la vida política no tiene marcha atrás y existen instituciones con protocolos para defenderlas.
Los procesos electorales actuales representan la oportunidad para cambiar las malas prácticas y garantizar la participación política de las mujeres, se ejerza con igualdad y libre de violencia.
Destacó que es necesaria la participación de las mujeres en la política “lo que incluye su derecho a postularse y a ejercer cargos públicos, sin que su seguridad, integridad y reputación sean dañadas”.
Para ello, los órganos electorales locales, deben de generar instrumentos normativos que garanticen su acceso igualitario a la contienda política, abonando a su mayor y fundamental implicación en el debate y proceso democrático.
Ello, a través de sólidos documentos emitidos como reglamentos, lineamientos y manuales que permiten el registro paritario de candidaturas encaminados a favorecer la activa presencia femenina en la política.
