• Oaxaca, Chiapas y Guerrero son las tres entidades con mayor proporción de su población en pobreza laboral.
• Demandan políticas públicas dirigidas a las juventudes donde se les involucre activamente en su diseño, aplicación, ejecución y evaluación de las mismas.
• “Es fundamental cuestionar el modelo económico actual y priorizar acciones que promuevan un crecimiento económico basado en el buen vivir, sustentables a largo plazo, equitativas y acorde a los contextos locales, que se acople al alcance de la justicia climática y en el marco de los derechos humanos«: Elizabeth Mosqueda Rivera, de Consorcio Oaxaca.
Oaxaca, Chiapas y Guerrero son las tres entidades con mayor proporción de su población en pobreza laboral, con tasas mayores al 57%, esto quiere decir que por cada 100 hombres en pobreza laboral en México, hay 112 mujeres en esta situación.
En todas las entidades federativas del país hay más mujeres que hombres en situación de pobreza laboral; en México el tema de la economía y las juventudes es un ejemplo más de la reproducción de esquemas estructurales que generan desigualdad y les aleja de una vida digna.
En el marco del Día Internacional de la Juventud, que se conmemora todos los años el 12 de agosto, la Coordinadora de Juventudes y Derechos Humanos de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Oaxaca, Elizabeth Mosqueda Rivera, destacó la urgencia de concretar políticas públicas dirigidas a las juventudes donde se les involucre activamente en el diseño, aplicación, ejecución y evaluación de las mismas.
Esto, debido a que persisten e incluso se agudizan, altos grados de exclusión social de las personas jóvenes, lo cual se refleja en las tasas de desempleo. “Se mantienen o elevan las probabilidades de que practiquen conductas que ponen en riesgo y violentan su integridad; y hoy no hay indicios de que su participación en la toma de decisiones se vuelva más activa”, agregó.
Explicó que este panorama económico desfavorable se entrecruza con otras problemáticas que afectan el desarrollo integral de las juventudes, tales como la falta de garantía de los
derechos sexuales y reproductivos, -propiciando embarazos tempranos-, el acceso al derecho a la salud, a la educación y a una casa propia.
“El estrés económico al que las juventudes se enfrentan actualmente, genera impactos severos en su proyecto de vida, salud y bienestar emocional, exponiéndoles al consumo de sustancias, e incluso el suicidio”, alertó.
Sin embargo, éste no es el único obstáculo, pues al estrés financiero se agregan otros problemas estructurales que dificultan el acceso a trabajos dignos. De acuerdo con datos estadísticos de la organización “México, cómo vamos”, durante el primer trimestre de 2023, en 30 entidades la tasa de informalidad laboral es mayor para las mujeres que para los hombres.
Mosqueda Rivera expuso que existe un problema estructural del mercado laboral: la baja escala de reconocimiento laboral de las mujeres en diversos ámbitos; mientras que, otra falla estructural del mercado laboral mexicano es la informalidad laboral. Dijo que en Oaxaca únicamente dos de cada 10 mujeres ocupadas -en actividades no agropecuarias- cuentan con un vínculo laboral reconocido por su fuente de trabajo.
Sin embargo, opinó que dichas problemáticas se pueden erradicar con un buen sistema económico que permita que las juventudes participen activamente en los procesos de desarrollo económico y social, el cual a la vez, abone a reducir la pobreza y los índices de desigualdad socioeconómica.
“Resulta prioritario generar posibilidades de trabajo remunerado para las mujeres jóvenes con condiciones dignas, con goce de los derechos laborales garantizados en las leyes y libres de violencia de género para fortalecer su independencia económica y autonomía”, demandó.
Por eso, -abundó- es fundamental cuestionar el modelo económico actual, y priorizar acciones que promuevan un crecimiento económico basado en el buen vivir; sustentables a largo plazo, equitativas y acorde a los contextos locales, que se acople al alcance de la justicia climática y en el marco de los derechos humanos.
“A nivel legislativo no vemos alguna propuesta para proteger el derecho al trabajo de las juventudes, el derecho a la vivienda, como lo están planteando las juventudes en otros países, como por ejemplo tener derecho a una vivienda para la población joven que aún no se puede independizar por no tener ingresos suficientes”, finalizó.
