Pedro Matías
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- “En México falló el sistema de justicia por eso tenemos que acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, afirmó Eve Jaakkola, al resaltar que a 12 años del asesinato de los defensores Bety Cariño y Jyri Jaakkola, siguen en la impunidad.
“Estamos a punto de cerrar el proceso en México porque llevamos 12 años sin justicia para mi hijo Jyri y Bety. Durante estos años hemos perdido los testigos porque no había protección para ellos y de esta manera hemos perdido todo el caso en México, por eso vamos a la CIDH”, reforzó.
Decepcionada porque en lugar de encontrar justicia para su hijo, liberaron a los cuatro detenidos porque no había testigos en el juicio, dijo que como ultimo recurso se presentó un recurso de apelación contra la decisión del tribunal, ahora tenemos que esperar este proceso”.
Cabe mencionar que el pasado 8 de septiembre, el juez del Tribunal Unitario de la Región de la Mixteca ordenó la liberación de Daniel Martínez López, Antonio Solano Velásquez, Mauro Vásquez Ramírez y Elías Cruz Merino señalados como integrantes del “grupo paramilitar” Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), quienes se encontraban encarcelados por su presunta participación en el asesinato de los defensores de derechos humanos Alberta Cariño Trujillo y Jyri Antero Jaakkola, cometido el 27 de abril de 2010 en la región mixteca de Oaxaca.
Los indiciados obtuvieron su libertad debido a que en el juicio que se siguió en su contra, no pudieron presentarse los sobrevivientes ni las víctimas para señalarlos directamente, pues todas y todos se encuentran en una alta condición de riesgo y algunos de ellos incluso amenazados desde hace años.
Alberta Cariño Trujillo, Jyri Antero Jaakkola participaban en una misión civil de paz en las inmediaciones de San Juan Copala el 27 de abril de 2010 cuando fueron emboscados y asesinados.
Eve Jaakkola, quien se encuentra en el país acompañada de eurodiputadas Ska Keller y Anna Cavazzini, así como de por la embajadora finlandesa Päivi Pohjanheimo, se quejó que “yo no he podido presentar mi recurso de apelación porque rechazaron a mi abogada y me nombraron una abogada que nunca ha estado en contacto conmigo”.
Lo único que la reconforma es que “hemos tenido muchas reuniones con organizaciones sociales de Oaxaca, dos muy interesantes y en estas reuniones, la gente de las organizaciones informaron sobre los temas que interesaban a mi hijo cuando venia a Oaxaca y poder así comprender su trabajo y (él) continúa en Oaxaca porque su trabajo sigue presente aquí”.
A su vez, los abogados Karla Michel Salas Ramírez y David Peña Rodríguez, cuestionaron el papel del actual fiscal general de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo porque fue incapaz de aplicar lo que recomendó cuando era titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
Sostuvieron que en esta caso hay responsabilidad del gobierno federal y estatal en las administraciones de Ulises Ruiz Ortiz, Gabino Cué Monteagudo y Alejandro Murat Hinojosa, así como Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y ahora de Andrés Manuel López Obrador.
Pero también del actual fiscal, quien como “ombudsman emitió una serie de medias de protección y una vez como fiscal le toca el juicio y fue incapaz de sostener las medias que había dictado”.
Por su parte, Omar Esparza, quien fuera esposo de Bety Cariño, reafirmó que “12 años han sido los suficientes para agotar el tema de la justicia en México y la ruta que hemos decidido es encaminarlo a la CIDH”.
“Ya se agotaron los temas jurídicos y lo que estamos haciendo, con la liberación de 4 implicados en el caso, es que no va haber la capacidad para que las instituciones del estado mexicano puedan garantizar la justicia de Bety y Jyri”.
Lo que dejó claro que para mantener viva la memoria de Jyri y Bety se van realizar campañas internacionales para que se siga exigiendo justicia al estado mexicano y que cambie estructuralmente muchas de las situaciones que no se han podido cambiar.
Por su parte, el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, anunciaron que interpondrán una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque ha sido evidente la complicidad entre el gobierno del estado de Oaxaca y el grupo paramilitar a lo largo de estos 12 años pues la investigación judicial tardó cuatro años en iniciarse y de las 14 órdenes de aprehensión libradas solo se cumplimentaron siete de ellas, destacando que previamente tanto el líder del grupo paramilitar Rufino Juárez, como Juan Macario Bautista, ya habían recuperado su libertad por estos mismos hechos.
