Textos: Daniela Pastrana
El gobierno de Jalisco quemó los cuerpos de más de mil 500 personas no identificadas y con ello cerró la posibilidad de que sus familiares corroboren su identidad. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) informó este miércoles que llevarán la denuncia a la ONU
La lista de agravios es larga: las autoridades de Jalisco violaron el derecho a la dignidad humana, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la identidad, a la integridad de la persona; a no ser sometida a tortura, tratos crueles o degradantes; el derecho al trato digno a los cadáveres, a la disposición del cuerpo, a la libertad de creencias, a la reparación integral, al acceso a la justicia, a la debida diligencia; el derecho a la verdad, a la seguridad jurídica, al acceso a la información y a la vida.
El ejecutor fue el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), pero la responsabilidad alcanza a la Fiscalía General del Estado de Jalisco; al Registro Civil; la secretaria de Salud; el Ayuntamiento de Guadalajara; la secretaria general de Gobierno y el gobernador del estado, además de las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos.
El argumento fue que el Semefo estaba saturado. Pero lo que hicieron, según el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), fue una “práctica generalizada y sistemática” de desaparición de personas.
Los calcinaron. Borraron los rastros de -por lo menos- mil 500 personas a las que les negaron para siempre la posibilidad de ser identificadas por sus familias.
El informe “Incineraciones de cuerpos no identificados en Jalisco. Crímenes sin justicia”, presentado este miércoles en la Ciudad de México, documenta que más de mil 500 cuerpos sin identificar fueron incinerados en Jalisco entre 2006 y 2018; sólo al 9 por ciento de ellos se les practicaron pruebas genéticas y científicas.
“Estamos frente a la peor crisis en materia de derechos humanos que se recuerde”, advierte el informe de Cepad. “Tenemos la certeza que lo ocurrido en Jalisco debe trascender a instancias internacionales de derechos humanos, pues posiblemente estamos ante hechos que pueden catalogarse de lesa humanidad”.
El director de la organización, Cesar Pérez, reitera convencido: “Esto (la investigación) no puede quedarse en Jalisco”.
En el estado no hay una carpeta de investigación abierta que permita establecer responsabilidades. “¿Quién dio la orden de que se les haya incinerado sin identificación?”, pregunta el activista, antes de advertir que llevarán el caso a la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y a los comités de tortura, desaparición forzada y derechos humanos de la ONU para que intervengan en el proceso.
