Organizaciones de la sociedad civil presentan amparos contra la regulación del delito de aborto 

Con el objetivo de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, un colectivo de organizaciones de la sociedad civil presentó amparos contra la regulación del delito de aborto.

Este conjunto de acciones responde a una creciente demanda del movimiento feminista, mujeres, personas con capacidad de gestar y colectivas por la despenalización del aborto; los obstáculos para acceder a servicios de aborto legal; el patrón de criminalización; el estigma que ésta genera en quienes abortan y la inhibición que provoca en el personal de salud, así como a la vulneración del derecho al libre desarrollo de la personalidad, la autonomía reproductiva y el derecho a la salud.

Los amparos presentados se basan en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que:

• Tanto la criminalización absoluta del aborto como el uso del derecho penal para prohibirlo son inconstitucionales.

• Se debe garantizar a las mujeres y personas gestantes su derecho a decidir sin enfrentar consecuencias penales.

• Las normas penales de las entidades federativas que criminalizan el aborto de manera absoluta son inconstitucionales.

Si el amparo se concede, el apartado de los códigos penales impugnados ya no tendrá efectos y, por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante podría ser castigada por abortar. Esta estrategia apoya los esfuerzos por la despenalización y el acceso al aborto que se están impulsando en los congresos locales.

La prohibición del aborto autoprocurado y consentido, así como los límites injustificados en el acceso al aborto en sus diferentes causales, son discriminatorios y una violación a los derechos humanos. Las organizaciones que impulsamos esta estrategia buscamos que ninguna mujer o persona gestante, ni el personal de salud, sean criminalizados por aborto. Confiamos en que las resoluciones del máximo tribunal del país guíen las decisiones de las y los juzgadores de las entidades donde el ejercicio de la autonomía reproductiva aún es penalizado.