Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- Mientras que el Congreso de Oaxaca urge al gobernador Alejandro Murat Hinojosa promulgar el decreto para prohibir alimentos chatarra, cámaras empresariales locales levantaron la voz con 36 mil firmas para solicitar que no entre en vigor esa ley.
Las cámaras locales de Oaxaca (Coparmex, Canaco, Canacope, Asociación de Chocolateros) y Anpec solicitan la intervención del gobernador Murat para adecuar la prohibición comercial recién decretada.
En el marco de la campaña nacional “Prohibido Prohibir”, que empujan estos organismos ante la amenaza de que dicha prohibición se convierta en una política pública a nivel nacional, más de mil pequeños comerciantes realizaron una protesta en el Zócalo de Oaxaca.
Manifestaron su rechazo a la prohibición comercial a las y los menores de 18 años de los productos de alta demanda, debido al impacto económico que tendrían.
En respaldo a las y los comerciantes participaron:
- Alejandro Sánchez Díaz, presidente de Coparmex-Oaxaca
- Ernesto Gutiérrez Jiménez, presidente de Canaco Servytur
- Óscar Chávez Pombo, presidente de la Asociación de Chocolateros de Oaxaca
- Salvador López López de Canacope; y
- Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Anpec.
Cuauhtémoc Rivera, presidente de Anpec, justificó que “bajo un falso pretexto de la salud, perderemos nuestra capacidad de sostenernos”.
Y agregó: “Los productores y comerciantes de Oaxaca trabajamos en la formalidad todos los días para atender a nuestros clientes, vecinos y amigos, siendo el sostén de miles de personas.
“Nuestra situación económica es muy frágil y esta prohibición es un obstáculo adicional para poder salir adelante”, señaló.
A su vez, Alejandro Sánchez Díaz, presidente de Coparmex-Oaxaca, destacó que “coincidimos en priorizar la salud de niñas y niños, en lo que no coincidimos es en las formas.
“Nunca una alternativa prohibitiva será mejor que una educativa. Nosotros creemos que a través de la educación podemos lograr los cambios que buscamos”.
Razón por la que solicitaron al gobernador Alejandro Murat su intervención para construir un diálogo social, público e incluyente, con la participación de comerciantes, empresarios y académicos.
Donde se busquen las mejores prácticas de convivencia que atiendan la agenda de salud de las y los oaxaqueños, sin menosprecio a su actividad económica y comercial.
Solicitan “abrir este diálogo a fin de replantear esta ley y darle salida a esta situación que enfrenta la población de Oaxaca.
También, apelaron a la voluntad política de diputadas y diputados locales para enmendar la situación y poder convocar a una mesa de trabajo entre todas las partes (Gobierno, Congreso, sociedad civil y sectores productivos) a fin de dar solución a esta problemática”.
Y remataron con la frase: ¡Señor Gobernador, aún estamos a tiempo de no fallarle al pueblo de Oaxaca!”
Sin embargo, la diputada Magaly López Domínguez exhortó al gobernador Alejandro Murat Hinojosa a establecer políticas públicas para atender de manera integral la salud y la nutrición de las niñas y los niños de Oaxaca.
Recordó que el Congreso del Estado dio un gran paso hacia la salud de la infancia oaxaqueña, al prohibir la venta de refrescos y alimentos chatarra a menores de edad, ahora.
“Le toca al titular del Poder Ejecutivo promulgar a la brevedad el decreto que adiciona un artículo 20 bis a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Para prohibir la distribución, venta, regalo y suministro a menores de edad de bebidas azucaradas y alimentos envasados de alto contenido calórico, permitiendo la venta solo a madres, padres y tutores legales.
Advirtió que la reforma aprobada por el Congreso corre el riesgo de convertirse en letra muerta si no existe voluntad política por parte del Poder Ejecutivo, encargado de su aplicación.
De igual forma, si no es acompañada de políticas públicas diseñadas y puestas en práctica bajo un enfoque de derechos, dirigidas a la atención integral de la salud y la nutrición de la infancia oaxaqueña.
La legisladora precisó que la reforma está alineada con una recomendación que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizó al gobierno mexicano en 2018, en el sentido de establecer “una adecuada regulación y seguimiento de la comercialización de alimentos y bebidas dirigida a niñas, niños y adolescentes”.
