Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- “La violencia política contra las mujeres viene desde la gubernatura del estado, porque el gobernador Salomón Jara Cruz quiere un árbitro electoral a su gusto, a modo, para que se cumplan sus órdenes e intereses aviesos”, afirmó la presidenta estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Perla Woolrich Fernández.
Reiteró que Salomón Jara Cruz es el principal violador de los derechos políticos de las mujeres, como lo sentenció la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al utilizar recursos públicos del gobierno de Oaxaca para denostar a Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del Frente Amplio por México.
De acuerdo con la resolución SRE-PSC-127/2023, el gobernador de Oaxaca vulneró principios constitucionales con expresiones contra Xóchitl Gálvez en una conferencia de prensa realizada el pasado 21 de agosto.
La Sala Especializada determinó que el gobernador de Oaxaca y diversas personas servidoras públicas hicieron uso indebido de recursos públicos y vulneraron los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad con motivo de la difusión y transmisión de una conferencia de prensa donde despotrico contra la senadora.
Sin embargo, el Congreso de Oaxaca desacató ese ejecutoria dictada por el tribunal, pero eso no exonera al gobernador de ser un violentador de mujeres.
En tanto, la candidata del PAN al senado de la República Griselda Galicia García sostuvo que el tema de la violencia política en razón de género afecta todas las mujeres que están compitiendo en este proceso electoral.
Tal como sucede con Hita Ortiz Silva, agregó, que es violentada por el candidato al senado del Partido del Trabajo, Benjamín Robles Montoya; Esperanza Ramírez, suplente de la diputada Luisa Cortés García de Morena, y la propia presidenta del órgano electoral que es atacada desde la gubernatura.
La ex diputada local Ortiz Silva acusó a Benjamín Robles Montoya de violencia política porque no solo ha hecho del PT un negocio de familia sino que discrimina a las mujeres indígenas.
Mientras que Esperanza Ramírez Vásquez, suplente de la diputada de Morena, Luisa Cortés, quien a su vez es la actual candidata de Morena al Senado de la República, no la deja asumir el cargo pese a que ya se encuentra en campaña.
Aquí lo preocupante es que la violencia política viene de otra mujer.
El otro caso preocupante es el de la consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Elizabeth Sánchez González.
Sánchez González ha sido agredida, acosada y atacada desde que asumió la presidencia por ser una mujer que además ha demostrado su autonomía y no estar sujeta al poder en turno.
“Desde la contraloría interna se ha atacado y acosado a través de una serie de procesos administrativos.
«A nosotros no nos corresponde juzgar si es la razón o no, pero sí nos toca observar y señalar que en este caso los juzgadores son afines al poder en turno (gobernador)”, resaltó la candidata panista.
Lo que sí se exige es garantizar que el proceso de designación de la o el próximo titular, que ya inició, realmente cumpla con los requisitos y garantice que el IEEPCO pueda tener una contraloría interna que pueda tener imparcialidad.
Hizo un llamado a las y los consejeros a dejar a un lado sus conflictos internos y a unirse para estar a la altura del proceso que hoy se enfrenta para dar cumplimiento a su principal mandato y propósito para ser el árbitro ciudadano que garantice un proceso electoral que no deje duda de los resultados de este proceso.
Considera que “México atraviesa un momento crucial en su vida democrática, en la definición de país que queremos, y necesitamos un órgano electoral autónomo, fuerte e imparcial que dé certeza y confianza a la ciudadanía en cada una de las etapas de este proceso”.
Añadió que “para la consejera presidenta se exige garantizar su debido proceso y salvaguarda de sus derechos e integridad física».
Además, «el cese de violencia contra las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales porque el proceso requiere la correspondencia de los partidos políticos, de las instituciones y de la sociedad civil”.
Por lo tanto, agregó que “no podemos consentir acciones que al parecer pretenden una coacción del arbitro electoral, desestabilizarlo, obstaculizar su desempeño o vulnerar su autonomía”.
Con estas acciones el mensaje que envían es que nadie se siente seguro para emitir un voto porque no hay garantía de la imparcialidad y si desde el propio órgano electoral, el que tiene que garantizar este proceso se observa que están siendo coaccionados, qué pueden esperar las candidatas en este proceso y este caminar”, finalizó.
