Especialistas alertaron desde el IEEPCO que cambios legislativos en Guerrero, Hidalgo, Guanajuato y Chihuahua pueden abrir una cascada de retrocesos contra acciones afirmativas, bloques de competitividad y sanciones por violencia política en razón de género.
Congresos locales operan reformas para sepultar la paridad de género y blindar a agresores
Especialistas alertaron desde el IEEPCO que cambios legislativos en Guerrero, Hidalgo, Guanajuato y Chihuahua pueden abrir una cascada de retrocesos contra acciones afirmativas, bloques de competitividad y sanciones por violencia política en razón de género.
Los derechos políticos de las mujeres enfrentan un riesgo grave de retroceso rumbo a las elecciones de 2027. Guerrero, Hidalgo, Guanajuato y Chihuahua fueron señalados como focos rojos durante la presentación del libro Violencia Digital en razón de género. Sentencias frente a su impacto político, realizada en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).
La doctora Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, convocó a impedir «desde todos los espacios» que reformas como las aprobadas o impulsadas en esas entidades se repliquen en otros congresos locales.
«Todo esto peligra, tanto la paridad como las acciones afirmativas. Esperemos que esto no vaya en cascada con un retroceso en los demás estados», advirtió la presidenta del IEEPCO, Elizabeth Sánchez González, al recordar que el reconocimiento de la paridad ha sido resultado de un largo camino de lucha política y jurídica de las mujeres.
En Guanajuato, la reforma pretende sustituir el tipo específico de violencia política en razón de género por la figura ambigua de violencia política genérica. La trampa jurídica es que, al borrar la asimetría histórica, se abre la puerta para que hombres denunciados por agresiones políticas utilicen el sistema electoral como mecanismo de revanchismo procesal contra mujeres.
En Chihuahua, la reforma aprobada por el Congreso local prohíbe a los organismos electorales establecer requisitos, condiciones o supuestos adicionales a los fijados en la Constitución, incluso cuando esas reglas buscan garantizar la paridad sustantiva y no solo una paridad formal en papel.
En Guerrero, la iniciativa de reforma electoral dejaría en manos de los partidos políticos el respeto a la paridad de género en los municipios más grandes, competitivos y con mayor presupuesto. Eso permitiría cumplir la cuota en municipios de menor peso político mientras se reservan los espacios de mayor poder para hombres.
En Hidalgo, la alerta se concentra en una iniciativa que propone gradualidad en la aplicación de la paridad para presidencias municipales y bloques de competitividad. En la práctica, esa gradualidad puede convertirse en una pausa legal para aplazar la participación de mujeres en los municipios con mayores posibilidades reales de triunfo.
Semáforo del retroceso electoral 2027
| Estado | Movimiento legislativo | Riesgo para las mujeres | Lectura política |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | Diluir violencia política en razón de género dentro de una figura genérica. | Revanchismo procesal contra mujeres que denuncian agresiones políticas. | Borra la desigualdad histórica y simula neutralidad. |
| Chihuahua | Limitar facultades de los organismos electorales locales. | Quitar herramientas para imponer reglas de paridad sustantiva. | Deja a los OPLES sin dientes frente a los partidos. |
| Guerrero | Dejar a criterio partidista la paridad en municipios grandes y competitivos. | Enviar mujeres a espacios menos competitivos y reservar presupuestos altos para hombres. | Convierte la paridad en negociación interna de cúpulas. |
| Hidalgo | Proponer gradualidad en presidencias municipales y bloques de competitividad. | Postergar la paridad en cargos con poder territorial real. | Usa el lenguaje técnico para aplazar derechos. |
Violencia digital e inteligencia artificial: el nuevo frente electoral
Las especialistas coincidieron en que la violencia digital está lejos de erradicarse y que las mujeres de localidades indígenas enfrentan mayores agresiones, sobre todo cuando buscan ejercer cargos públicos o defender derechos comunitarios.
Margarita Dalton Palomo, investigadora del CIESAS Pacífico Sur, planteó que la inteligencia artificial abre preguntas urgentes: cuánto se puede confiar en ella, en qué medida beneficia y qué riesgos genera. «Esta nueva herramienta es a su vez una solución y un riesgo», subrayó.
En materia electoral, la inteligencia artificial generativa puede utilizarse para fabricar campañas de desprestigio, deepfakes, audios falsos y ataques sexualizados contra candidatas, sin que los Organismos Públicos Locales Electorales cuenten todavía con lineamientos técnicos suficientes para investigar, preservar evidencia digital y sancionar con rapidez.
Aracely García Santiago enfatizó que las mujeres en localidades indígenas experimentan formas de violencia más profundas y que no basta con enunciar sus derechos en documentos: deben hacerse tangibles con perspectiva intercultural.
Alejandra Montoya Mexia, directora general de Igualdad de Derechos y Paridad de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, agregó que a mayor cargo jerárquico aumentan los riesgos para las mujeres. A pesar de los avances en paridad y acceso a la justicia, todavía existen grandes brechas para ejercer el cargo sin violencia.
Cómo leer una reforma electoral sin caer en el discurso oficial
Los partidos suelen presentar reformas electorales bajo palabras amables: simplificación administrativa, neutralidad, justicia genérica o armonización constitucional. El problema está en los candados escondidos.
Para revisar una iniciativa, busca el dictamen en la gaceta parlamentaria del Congreso local y rastrea dos palabras clave: facultades, para detectar si se le quitan atribuciones al instituto electoral, y criterios de asignación, para saber si los partidos se reservan el derecho de decidir dónde postulan hombres y dónde postulan mujeres.
El periodismo muestra la iniciativa; la alfabetización mediática permite detectar el candado legal antes de que la reforma se vote y el retroceso se vuelva regla.
