Pedro MATÍAS
OAXACA, Oax. (pagina3.mx).- A 11 años del fallido desalojo magisterial de 2006, la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) realizó una marcha para exigir al Estado mexicano que castigue con cárcel al “asesino ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz y a todos sus cómplices por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante su sexenio”.
La marcha masiva de este 14 de junio salió alrededor de las 10:00 horas del crucero de Trinidad de Viguera al Zócalo de esta capital donde corearon la frase “Ni perdón ni olvido”.
Mientras, el informe que la Comisión de la Verdad entregó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las autoridades estatales y federales, donde se documentan y denuncian las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 2006 y 2007 durante el conflicto socio-político en la entidad, cumplió un año sin ninguna detención ni visos de justicia.
A una década del conflicto de 2006, el informe precisa que se impusieron intereses políticos para cometer las graves violaciones a los derechos humanos. El entonces presidente Vicente Fox –apunta– actuó para dar salida a la crisis postelectoral que se vivía en ese momento, debido a que el candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, había denunciado un fraude, y Felipe Calderón Hinojosa, aspirante del PAN, necesitaba del PRI para legitimarse.
Como moneda de cambio, el Revolucionario Institucional pidió la protección para el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, responsable de la represión en Oaxaca.
En su informe, los integrantes de la Comisión de la Verdad reiteran que Ruiz Ortiz es responsable de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el conflicto sociopolítico de 2006-2007, derivadas de la ingobernabilidad, por lo tanto hay una responsabilidad de Estado.
Entre sus conclusiones menciona que a partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del gobierno estatal, con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que a la postre conformarían el movimiento social con un objetivo común: destituir a Ulises Ruiz Ortiz como gobernador.
Y mientras el movimiento se dio a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas la toma de instituciones, bloqueo de carreteras, instalación de barricadas, paros sindicales y manifestaciones, el gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales para contener la inconformidad generalizada.
Con el apoyo de la Policía Federal Preventiva y del Ejército, el gobierno de Ruiz puso en marcha los operativos Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007).
La Comisión también destaca la existencia de 373 víctimas, sin incluir a familiares ni a otros afectados que por diversas razones no se han presentado a declarar ante ninguna instancia.
Con el fin de garantizar su derecho de audiencia, la CVO solicitó formal y públicamente la comparecencia de 68 funcionarios relacionados con el conflicto, incluido al exgobernador Ulises Ruiz Ortiz, pero el llamado sólo fue atendido por el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, y el exsecretario de Salud estatal, Martín Vázquez Villanueva.
En el apartado de anexos del informe entregado a la CIDH se mencionan los nombres de los 154 funcionarios de los tres ámbitos de gobierno que, según las víctimas entrevistadas, son los perpetradores directos del conflicto.
Sobre los casos de Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Roland Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal, la CVO concluye que existen elementos suficientes para sostener que se trató de ejecuciones extrajudiciales, es decir, crímenes de Estado.
El reporte sostiene que durante el conflicto de 2006-2007 en Oaxaca, las detenciones respondieron a un patrón de acción por parte del Estado: en primer lugar fueron realizadas de manera arbitraria y acompañadas por tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura, y en su gran mayoría fueron realizadas por grupos armados ilegales, que llevaban a las personas detenidas a sitios desconocidos donde las torturaban.
A 11 años, la asamblea estatal del movimiento magisterial ratificó su táctica de Movilización-Negociación-Movilización.
Entre sus acuerdos sobresalen realizar una jornada político cultural los próximos días 17 y 18 de junio con de exigencia de justicia en Nochixtlán a un año de la masacre de lesa humanidad por las fuerzas represivas del estado que estará acompañada de bloqueos carreteros en los 37 sectores sindicales y el día 19 realizar una marcha masiva estatal en ese municipio mixteco.
De igual forma se pronunció en contra de la aplicación del decreto de la Zonas Económicas Especiales y realizar un foro el 22 de junio en el zócalo.
Y exige al gobierno del estado el pago inmediato del bono al nivel de homologación sin condicionamiento alguno, de lo contrario nos reservamos el derecho de accionar; se realice una auditoria al IEEPO por malversación de fondos que fueron empleados con fines electorales.
Reitera la salida de Aurelio Nuño Mayer por el desalojo fallido del 19 de junio de 2016 y solicita a la CIDH para que realice una investigación exhaustiva e imparcial de los hechos de Nochixtlán y se castigue a los culpables materiales e intelectuales, así como crear una fiscalía especial.
