Durante un año, openDemocracy examinó nueve casos de jóvenes desaparecidas, – el más antiguo en 1994 y el más reciente en 2022 – con un patrón común de errores, desidia y negligencia por parte de las autoridades.
Ellas son Silvia Fregueiro (28 años), desaparecida en 1994, Milagros Cuello (16), desaparecida en 2016, y siete jóvenes que desaparecieron en la zona oeste de Montevideo y el sureste de San José entre 2019 y 2022: Florencia Barrales (19), Gina Rodríguez (27), Yamila Estévez (20), Jennifer Gómez (19), Daniela Virginia Bera (22), Micaela Ramírez (21) y Tatiana Pintos.
En 2021 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió una denuncia de la familia de Silvia Fregueiro contra el Estado uruguayo por la posible violación de sus derechos a la vida, la libertad, la integridad personal, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y la protección legal.
Muchas fuentes, incluidas las familias, abogadas, trabajadoras sociales, autoridades estatales y defensoras de derechos humanos sostienen que la policía ignora a estas jóvenes de manera sistemática, en lugar de dedicar tiempo y recursos a buscarlas.
Los datos analizados por openDemocracy indican que hay decenas de casos sin aclarar, similares a las historias de estas nueve jóvenes.
Para esta investigación, realizamos más de 30 entrevistas a familiares y amigos de las desaparecidas, a una sobreviviente de trata, a fiscales, jueces, policías, trabajadoras sociales, investigadoras, representantes y técnicos de organizaciones sociales y colectivos populares; revisamos documentos, informes y denuncias.
Los procedimientos oficiales analizados por openDemocracy muestran:
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investigaciones abiertas meses (o años) después de las denuncias;
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denuncias que no llegan a las reparticiones que deberían investigarlas;
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expedientes, declaraciones o evidencias que se extravían o se pierden irremediablemente;
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pruebas no recabadas;
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desestimación o menosprecio de los datos o pistas que acercan las familias de las víctimas a las autoridades;
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procedimientos irregulares;
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amenazas a las familias que no se investigan;
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prejuicio institucional ante casos de desaparecidas que son pobres, viven en contextos vulnerados o tienen consumo problemático de drogas.
Ante las omisiones y errores policiales y judiciales, las familias buscan a sus hijas, pegan fotos en los árboles y las redes sociales, juntan pistas, contratan abogados, hacen protestas, presentan reclamos ante la justicia y la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Según una autoridad del Ministerio del Interior, en 2020 se adoptó un protocolo para investigar casos de personas ausentes, pero el personal policial no fue entrenado todavía para aplicarlo.
El departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes del Ministerio del Interior, creado en 2004, lleva un listado del que es imposible obtener información confiable: no tiene ningún criterio de desagregación, no está completo ni actualizado, y los datos proporcionados no siempre son correctos.
Entre 2020 y 2022 recibió 14.402 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales 6.228 fueron clasificadas como «personas ausentes», según datos oficiales facilitados a openDemocracy en junio de 2023. Las autoridades aseguran que 99% de estos casos se resolvieron y que ninguno se relacionó con trata o explotación sexual.
Las cifras oficiales indican que hay por lo menos 48 casos de personas que desaparecieron hace más de una década y que siguen sin aclararse. Entre ellos se encuentra el de Silvia Fregueiro, quien desapareció en 1994.
Otros 34 casos están abiertos desde hace más de cinco años (incluido el de Milagros Cuello), y 74 casos desde hace más de un año. Entre estos últimos se encuentran los de las siete mujeres que desaparecieron entre 2019 y 2022 en la zona oeste de Montevideo y el sureste de San José.
La organización civil ¿Dónde están nuestras gurisas? (Deng) registró 280 casos de chicas desaparecidas entre principios de 2018, cuando se fundó el grupo, y agosto de 2022. De ellos, 243 mujeres desaparecieron de manera intermitente o por períodos cortos, 20 aparecieron muertas y 17 siguen desaparecidas (entre ellas, las siete jóvenes de Montevideo y San José). Algunos de estos casos figuran en el registro de personas ausentes del Ministerio del Interior; otros no. DENG aclara que sus cifras son incompletas, que es imposible contactar a todas las familias y que “hay gurisas a las que nadie busca».
Uruguay presume de una democracia estable y de un sólido marco legal y de derechos. Cuenta, además, con legislación para proteger a niños, niñas y adolescentes y para combatir y prevenir la violencia de género y la explotación. Pero también ha sido repetidamente señalado por no cumplir con los estándares mínimos para eliminar la trata y por tener muy bajos números de condenas por este crimen.
Las autoridades también fallan al investigar asesinatos y muertes dudosas de posibles víctimas de explotación sexual y trata.
https://www.opendemocracy.net/es/5050-es/uruguay-desaparecidas-mujeres-trata-sexual-polic%C3%ADa-evidencias/
